El archivo del proyecto de Ley de Inversiones en la Asamblea muestra un país atado a la corrupción y extorsión. Pese a los niveles de pobreza, desempleo y delincuencia, una trinidad conformada por el correísmo, Pachakutik e Izquierda Democrática impulsó la obstrucción, desestabilización y el chantaje como ropajes del quehacer político. Una coyuntura cargada para bastante más, pues la paciencia de Guillermo Lasso parece que empieza a agotarse ante las decisiones de un poder legislativo conspirador y mediocre.
Esa entelequia llamada ‘privatización’ modificada a ‘delegación’ esconde el decrépito argumento que legitima la inacción y tozudez, el desvanecimiento de la inversión y el letargo de las zonas francas comerciales. No obstante, la creación del empleo formal y las mejoras de la calidad de vida requieren de acuerdos y consensos nacionales que se ajusten a las necesidades de los más pobres y grupos vulnerables.
Una salida tangible estaría en convocar a foros ciudadanos donde se traten temas prioritarios en salud, educación, seguridad, reactivación económica y agraria; el impacto ambiental de la explotación minera, la tercerización petrolera, el control de monopolios y transnacionales, el sistema de transporte masivo, la regularización a las telecomunicaciones, el tráfico y llegada de migrantes, el desborde de muertes violentas, lo denominado científico en universidades ausentes y endeudadas, entre otros. De ahí, la importancia de proponer una consulta popular que resuelva y acabe con la arquitectura institucional del correísmo y toda la impunidad del saqueo estatal durante 14 años.
Resulta increíble que se convoque medios de comunicación por un reclamo retrógrado de taxistas en tiempos de plataformas digitales pero nunca se explique ni consulte a la ciudadanía sobre el alcance y cifras de Uber o Cabify. Tan insólito como cuando un ex presidenciable busca negociar los votos de su partido político a cambio de evadir el pago de impuestos sin referéndum. Hasta resulta redundante la impunidad de terroristas y secuestradores filmados mientras violentaban el Quito de octubre 2019; o cuando asambleístas pedían dinero y cargos públicos sin que nadie exhibiera la lista de involucrados ni colocara la denuncia respectiva en los organismos de justicia.
[email protected]
@kleber_mantilla