Milica Pandzic
En dos años de gobierno no se pudieron establecer los análisis y diagnósticos base para proponer las soluciones técnicas a los problemas más graves que existen en el país; pues los datos esenciales para entender nuestra realidad y nuestras problemáticas siguen sin estar listos. Este Gobierno, desde que inició su administración, tenía la responsabilidad de llevar a cabo dos procesos fundamentales para Ecuador: el Censo Poblacional y la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI). Sin embargo, a meses de terminar anticipadamente su mandato, seguimos sin resultados.
El primer proceso que se llevó a cabo, en abril de 2022, fue la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI), misma que fue ideada en el marco de la Estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición, establecida por el Gobierno anterior en el decreto 1211. Los resultados estaban previstos para mediados de 2022, después para octubre de 2022 y ahora se prevén para agosto de 2023. Por tanto, al día de hoy, no conocemos la magnitud de la desnutrición infantil en el país.
El segundo proceso que se llevó a cabo fue el del Censo Poblacional. Inicialmente previsto para 2020 y pospuesto por pandemia, empezó en noviembre de 2022. Los años adicionales de planificación no evitaron que este proceso esté libre de controversias. Aunque se esperaban los resultados para mayo, hoy se estima que estarán entre agosto y noviembre de 2023.
Las demoras, los problemas administrativos internos y la opacidad de estos procesos dejan grandes dudas sobre la calidad de la data recogida, sobre lo idóneo y técnico de su procesamiento, y sobre si realmente tendremos las estadísticas que nos permitan entender más profundamente a la sociedad ecuatoriana. Por cómo van las cosas, parece que lo único seguro es que el Gobierno nos dejará sin entregarnos todos los datos que estaban bajo su responsabilidad.