Un buen diseño de política pública requiere justificación de su existencia, planificación, priorización de esfuerzos hacia donde más se necesitan y un constante monitoreo del cumplimiento de sus objetivos. Para esto, los datos son fundamentales. Desafortunadamente, es de lo que más hace falta en el país.
Un primer gran obstáculo es que no sabemos con certeza cómo luce el Ecuador de hoy. Los análisis y decisiones de hoy se hacen con base en una composición demográfica y socioeconómica que data del 2010, año en el que se llevó a cabo el último censo poblacional.
Una segunda dificultad es la falta de continuidad. A excepción de la pobreza y el desempleo, los problemas que enfrenta nuestro país no suelen ser medidos con una frecuencia que permita analizar su evolución y el nivel al cual la política pública está siendo una solución efectiva a los mismos.
Por citar varios ejemplos, la encuesta más actual de salud y nutrición, que mide entre otras cosas la desnutrición infantil, se realizó en 2018. La última encuesta sobre condiciones de vida data del 2014. La primera encuesta sobre violencia de género fue realizada en 2011 y recién ocho años después se realizó la segunda. Solo existe una encuesta sobre uso de tiempo, realizada en 2012 y un solo estudio sobre las condiciones de vida de la población LGBTI+ en 2013, ambos vitales para entender las desigualdades que existen en el país.
Dado que la pandemia ha sido disruptiva para todo el tejido social, esta información desactualizada se vuelve incluso más irrelevante a efectos de construir un plan de desarrollo que pretenda atender las necesidades del país.
Frente a este escenario, el INEC tiene la titánica tarea de dar luz en tiempos de oscuridad. Para esto, un tercer reto se configura en aumentar su capacidad estadística, lograr su independencia y fortalecer su institucionalidad. Hoy más que nunca se requieren políticas públicas basadas en evidencia, y tener los datos es solo el primer paso.