Ugo Stornaiolo
Los recientes sucesos en Esmeraldas, sitiada y en manos del hampa, con mafiosos organizando marchas fúnebres y amenazando a los habitantes, con locales y negocios cerrados, militares y policías intentando ingresar a territorios controlados por grupos narcodelictivos, demuestran que algo sigue sin funcionar y el negocio del narcotráfico en auge.
No es posible que el ministro del interior, el coronel Juan Zapata (solo le falta ser jurado en el certamen de reina de Quito), en irresponsables declaraciones diga que “la situación en Esmeraldas está controlada”, junto a la poco atinada actuación de oficiales de policía y la extraña remoción de un comandante de zona, explican que se hace y se espera poco.
Mientras en Esmeraldas se despliega 1.700 militares y policías para controlar al crimen organizado, en Guayaquil para la final de la Copa Libertadores se ha designado a 10 mil efectivos, entre fuerzas policiales y militares, para controlar sitios de visita de los fanáticos brasileños (el malecón y la zona comercial al norte de la ciudad y en las cercanías del estadio de Barcelona).
Para el gobierno, este encuentro deportivo es la oportunidad de mostrar una mejor imagen y —en apariencia— presentar una ciudad ordenada y sin delincuentes. Se recuerda el Mundial de Natación de 1982 en Guayaquil, cuando se exigió al Municipio de entonces “que esconda a los mendigos”…
Nuevos incidentes en la Penitenciaría del Litoral muestran que la crisis carcelaria está lejos de solucionarse, pese a los anuncios oficiales. No es suficiente entregar recursos o asignar personal, porque faltan equipos y tecnología para enfrentar el problema, además de una justicia venal que sigue liberando malhechores.
Las principales víctimas son los niños y los jóvenes que, al no tener otras posibilidades, son enrolados por estas bandas, sin trabajo ni esperanzas. En Esmeraldas, una provincia olvidada desde hace mucho no queda más que el miedo a salir o a visitar las playas.
El gobierno no trabaja en territorio y piensa que desde el escritorio se puede dictar políticas contra el delito, cuando lo que se necesita es educar y dar oportunidades en sectores deprimidos. El gobierno, forzado por el paro de la Conaie y los movimientos indígenas, se ha resignado a aceptar los 218 llamados “acuerdos” y someterse a la voluntad de Iza. Así, cualquier grupo, por la fuerza, somete al gobierno. Dice Mauricio Gándara: “la responsabilidad legal e histórica del presidente es enorme. No se trata de sobrevivir, sino de trascender”.