José Alvear
El ruido de las bombas fue el detonante. Como nunca antes en la historia reciente del país, el pánico se apoderó de los ciudadanos. Era la madrugada del 1 de noviembre cuando los coches bomba, los estallidos y atentados despertaron a la gente. Fueron 18 ataques en menos de 24 horas. Guayaquil, Durán y Santo Domingo de los Tsáchilas eran el blanco de los violentos. Los ciudadanos, mientras tanto, pedían respuestas del Gobierno de turno.
El Ejecutivo abrió los ojos y el Presidente, que preparaba las maletas para pasar el feriado junto a Mickey Mouse, entendió que sus obligaciones con el país son prioritarias. Hizo lo urgente, apersonarse de los problemas y afrontarlos.
El Gobierno actuó. Sin embargo, los problemas no terminan con una redistribución de los privados de la libertad a distintas cárceles en función de su peligrosidad.
La inseguridad sigue latente como un fantasma por las calles. La consultora CID Gallup ubica a Ecuador como el tercer país en la región con la tasa más alta de robos y asaltos durante los primeros cuatro meses de 2022. La Policía aún carece de recursos, preparación y equipamiento para enfrentar a los terribles villanos que acechan al país: la delincuencia común, las bandas delictivas y el narcotráfico. El Gobierno anunció, en enero de este año, una inversión de 1.200 millones de dólares para combatir el narcotráfico y equipar a la Policía. Los recursos, según las autoridades, se estarían ejecutando.
Es urgente la agilidad en la ejecución del dinero ofrecido por el Gobierno, ya que si no se le inyectan fondos a la institución que vela por la seguridad del país, todo seguirá igual. Es fundamental entender, además, que un sistema de reacción contra la delincuencia común debe trabajar de la mano con un plan educativo práctico que dote de oportunidades a las generaciones más jóvenes y las mantenga alejadas del delito, las pandillas y la cárcel. Según datos de la Dinapen, entre enero y mayo de 2022, fueron detenidos 68 adolescentes que estarían vinculados con pandillas, en la zona 8, es decir Guayaquil, Durán y Samborondón. El Gobierno está obligado a ver más allá y gestionar oportunidades, empleo y alternativas para que los jóvenes no vean en las pandillas y el narcotráfico una salida a los graves problemas que atraviesan.
El Libertarismo también defiende la reducción del Estado obeso, que se come los recursos que podrían dirigirse a solucionar este tipo de problemáticas. En el año 2021, el gasto del Ministerio de Defensa y todas sus operaciones fue de $1.300 millones. En el año 2022, el Gobierno espera cerrar el gasto en subsidios para combustibles en $4.000 millones. En un sistema Libertario se profesa la mínima recaudación de impuestos posible y su consecuente canalización hacia cuatro pilares clave: seguridad, educación, salud y un sistema de justicia transparente.
Mientras el Estado paternalista siga manteniendo la política del “sí flojo”y quiera darles gusto a todos los sectores, para que sus funcionarios “terminen su gestión de 4 años“, seremos esclavos de un destino trágico. Ahora, más que nunca, es fundamental despertar, cambiar el chip y ajustarse los pantalones. El Gobierno debe redireccionar sus lineamientos de trabajo con urgencia; debe asumir la responsabilidad que el pueblo le entregó.
Nosotros, como ciudadanos, estamos llamados a trabajar con esfuerzo, sin esperar que el Estado nos financie, regale y subsidie aquello que ciertamente no es una necesidad vital. El Gobierno debe promover la capacitación, el acceso a líneas de crédito para empresarios y las facilidades adecuadas para que el ciudadano común salga adelante por sus propios medios. Hoy, la seguridad es la prioridad, la prioridad de todos. Hoy, es urgente despertar.