Wellington Toapanta
‘Rebelde es quien se rebela contra el poder, contra la autoridad; el que es desafiante; el difícil de educar, dirigir o controlar. Con sus actuaciones, la mayoría de la Asamblea Nacional se conceptúa como rebelde.
Para hacer la mayoría, decenas de asambleístas o fueron inducidos o privilegiaron oportunidades no confesadas, para declararse ‘rebeldes’ a movimientos y partidos que auspiciaron sus candidaturas, demostrando así que principios, disciplinas e ideologías son extrañas a sus condiciones humanas.
La sociología política tiene privilegiada información de campo con los rebeldes de PK, ID y otros, los que se insurreccionan contra acepciones elementales de política como actividad noble, que implica diálogo, consenso, acuerdo, debate de ideas. Vilipendian el pensamiento de Sócrates, quien pensó que el ámbito político implica valores individuales, como virtud, verdad y sabiduría, para dar forma a la vida colectiva de la comunidad. Esa mayoría parece despreciar la ética política.
Esa rebeldía no es extraña a la historia política ecuatoriana, pero muestra fortalecimiento desde 2007. En 2022 se ha mostrado de cuerpo entero. El veto total presidencial al proyecto de Ley derogatoria del decreto-ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad, describe a esa mayoría rebelde en toda su extensión.
Decidió derogar la ley atropellando, como en otros actos legislativos, la Constitución. Esta vez atacando “las fuentes de financiamiento permanente del Presupuesto del Estado, amenazando con dejar sin fuente de financiamiento a un gran porcentaje del mismo; (desfinanciando) educación, salud, y demás prestaciones y servicios públicos”.
Dicha mayoría parece estar posicionado a la política como sinónimo de maniobra, ardid, artimaña, treta, mentira; el recinto parlamentario no es escenario de debates, sino de lecturas, desarticuladas, de textos preconcebidos. La mayoría cerró 2022 insurreccionada contra la Constitución, pese a que juró obedecerla y defenderla; pero, artificiosamente, “denunciamos un intento de golpe de Estado y la ruptura del estado constitucional de derecho en Ecuador”.
La denuncia parece tramoya, demuestran actuar panfletariamente, no con argumentos: omiten la norma que asevera que el Ecuador es “Estado constitucional de derechos y justicia”. No es Estado de derecho, no lo estableció su guía correísta.
Con el supuesto ‘golpe de Estado’ pretende agazaparse de su otro ultraje constitucional, como destituir a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana, violentando el ineludible debido proceso.
El 2022 cierra con una construida mayoría parlamentaria rebelde contra la Constitución, contra la seguridad integral, contra las inversiones, contra la generación de empleo, contra el control del narcotráfico; contra mejorar sistemas de salud y de educación; contra la eficaz administración de justicia, contra auditorías profesionales a servidores e instituciones públicas, y más.
Su inacción parece demostrar que a la mayoría le place la ordinaria crónica roja, la inseguridad ciudadana; la liberación de reos y sindicados por delitos comunes de toda laya; ahuyentar inversiones y fuentes de trabajo; el 2023 debe marcar el inicio de desechar, políticamente, a esta laya de rebeldes.