Daniel Márquez Soares
En la época del imperialismo británico solía decirse que “el comercio sigue a la bandera”. Semejante aseveración se refería a que el intercambio de bienes —más allá de todo el beneficio mutuo, tanto material como cultural, que conllevaba— no dejaba de ser una herramienta más de expansionismo. Además, enfatizaba que no se trataba de un acto entre iguales que obedeciese a fines nobles, sino que partía de la sumisión de la nación ‘integrada’ a las condiciones dictadas por el imperio. Se trataba de una realidad tan evidente y comúnmente aceptada en ese entonces, que fueron los propios británicos quienes la acuñaron y popularizaron.
Hoy, por alguna misteriosa tozudez idealista, nos cuesta entender que también “la justicia sigue a la bandera”. Los juicios anticorrupción empujados desde el extranjero —que tantos tenemos ahora aquí en Ecuador y con los que otros países de Latinoamérica tuvieron que lidiar hace no mucho— no obedecen a un fin elevado ni son producto de una cooperación solidaria entre estados iguales; son, al igual que el comercio en el pasado reciente, una herramienta más sometimiento y de defensa del interés del país fuerte que los impulsa. Puede que ambas partes se beneficien de ello —al igual que con el comercio—, pero eso no significa, bajo ninguna circunstancia, que el bienestar del país débil, en este caso el Ecuador, sea lo determinante.
Todos los juicios estelares que enfrentaron o enfrentan este momento exfuncionarios del Estado ecuatoriano ante la justicia estadounidense— o ante la justicia local, con ayuda estadounidense— tienen dos elementos en común. Primero, tratan de entramados de corrupción que perjudicaron injustamente a empresas estadounidenses en el país. Segundo, beneficiaron a sus competidoras chinas o, peor aún, como sucede en todo lo relacionado con Gunvor, a grupos específicos de Rusia. Es por ello que, en esos casos, están involucrados sujetos que por su nivel de riqueza e influencia la justicia ecuatoriana jamás hubiese osado tocar. Por eso, también, en esos procesos aparece evidencia contundente y extremadamente difícil de conseguir, cuando lo normal es que la justicia ecuatoriana no encuentre evidencia de nada, ni de los casos más obvios de obscena corrupción.
No tiene sentido molestarse por ello. El mundo ha sido y será así; quien desafíe a los intereses imperiales tiene que estar dispuesto a pagar el precio y es bueno que, al menos en esos casos, los intereses extranjeros ayuden a barrer algo de la mugre de nuestro país. Lo único preocupante es que terminemos pensando que los intereses de una potencia extranjera y los de nuestro país son siempre y enteramente los mismos. No es así. Desgraciadamente, los crímenes y los criminales que más dañan nuestras instituciones, nuestra paz y nuestras finanzas no afectan en absoluto a Estados Unidos ni benefician a chinos o rusos; son solo ecuatorianos perjudicando a unos ecuatorianos para beneficiar a otros ecuatorianos. En casos así, nadie nos va a ayudar facilitándonos documentos de transferencias internacionales reservadas, información sobre compañías en paraísos fiscales, testimonios de colaboradores aterrorizados o evidencia innegable. Tendremos que vérnosla nosotros solos. Desgraciadamente, nos hemos malacostumbrado a que los de afuera hagan el trabajo por nosotros. Eso, en los casos verdaderamente importantes, no va pasar.