Italo Sotomayor Medina.
Este no es un alegato de defensa, ni un aporte definitivo para el debate que, en cuestión de días, deberá introducir la Asamblea al pleno. Es más bien, un resumen de ideas que considero que es justo y necesario realizar. Quienes siguen esta columna conocen mi opinión sobre el presidente Lasso. Con frecuencia, varias de sus políticas son irreverentemente criticadas desde estas letras que cada sábado comparto con ustedes. Esa opinión no ha cambiado y salvo que nos demuestre lo contario, muy difícil cambiará.
Seguro habrá escuchado opiniones encontradas sobre el juicio político. Más allá de las pasiones políticas y de los muchos adversarios que tiene el presidente, es preciso acotar un hecho que ineludiblemente dejará de ser cierto, sin importar si existen o no 92 votos para destituirlo. Si bien la Constitución establece que el juicio político no es un juicio penal, al menos debe servir para constatar, no de forma inquisitiva, que el presunto delito que se le intenta atribuir, tiene al menos una apariencia de ser cierto. No se trata de desglosar imputaciones y sentenciarlo hasta llevarlo a la cárcel, pero sí de encauzar el juicio de tal forma que no quede duda de que el presidente haya cometido peculado. Esa tarea es la que la Asamblea parecería que todavía no logra hacer.
El cometido de la Asamblea, en palabras sencillas, no es otro que el de demostrar que el presidente tiene responsabilidad en los hechos de corrupción de Amazonas Tanker Pool. No tienen que colocarse una toga o llamar a un jurado, tan solo deben determinar que sus sospechas son ciertas, que las pruebas los conducirán a “pensar mal y a acertar” y que las autoridades judiciales y administrativas, ante el resultado político, tendrán el camino un tanto más sencillo para corroborar el delito que se investiga. ¿Podrá la Asamblea efectuar este análisis? Y, aún más importante, ¿tiene con qué hacerlo? Pronto lo sabremos.
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