Carlos Freile
Nadie tiene el derecho de burlarse de alguien por sus equivocaciones al hablar o al escribir, también porque hasta los más sabios pueden tener sus resbalones; a todos nos pasa que se nos escapa una falta de ortografía. Pero es diferente cuando una persona, con un cargo de representación popular, obligada a tener conocimientos más que medianos no solo de leyes y teoría política sino de la lengua, incurre en errores básicos repetidamente; tales los casos de las asambleístas que han repetido “clápsula” y “Floped”. No nos burlamos, nos dolemos.
Por otra parte, frases enteras de ciertos políticos no merecen ni burla ni dolor, sino rechazo indignado. Los ciudadanos de a pie debemos negar el pan y el agua a quien afirma que en un juicio político no se debe probar el delito del acusado. Aquí ya no se trata de gramática de cuarto grado, sino de la esencia misma de la justicia, de cualquier tipo; pues en los juicios se busca la verdad para absolver o condenar, el basar el veredicto en el número de los votantes corrompe radicalmente el concepto de juicio. Nos dolemos y nos indignamos.
Otro político, dirigente de un partido, ha lanzado la amenaza de que si los asambleístas de su bancada no votan de cierta manera serán sometidos a la justicia indígena. Detrás de esta grave intimidación no solo brilla con luz siniestra la perversión de un supuesto juicio político sino los avances totalitarios de quien la lanza. Se supone que los jueces, políticos, civiles, penales, deben mantener una integérrima independencia y obrar con una libertad sin matices; nadie les puede imponer una resolución. Nos indignamos y nos ponemos en guardia.
Dice la sabiduría popular que por la boca muere el pez: no se trata tan solo de vientos de voz, sino de lo que llevan escondido: ignorancia a veces, afanes totalitarios en otras; hemos topado dos casos, quedan más en que las palabras reflejan convicciones contrarias a las bases de la convivencia ciudadana. Ya es hora de que nosotros, los del común, hagamos notar nuestro rechazo radical a las actitudes corrosivas de ciertos políticos en la Asamblea y fuera de ella.