Paco Moncayo Gallegos
En tiempos de la ‘larga noche neoliberal’, los directorios de las empresas públicas, responsables del manejo de sectores de alto valor estratégico, estaban conformadas por representantes de varias instituciones del Estado y también por los trabajadores de cada una de ellas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por obvias razones de seguridad, era parte de esos organismos y contaba, para orientar la participación de sus representantes, con un departamento de ‘Intereses Nacionales’, conformado por académicos de alta calificación. Cuando llegaban las convocatorias para cada sesión, en dicho organismo se preparaba la posición institucional, en cada tema importante del orden del día. El delegado no cumplía su función a título personal; llevaba siempre el criterio de las Fuerzas Armadas.
A partir de la aprobación de la nueva Constitución, se organizaron esos directorios con tres personas de absoluta confianza del Presidente: su delegado personal, el ministro del ramo y el secretario de planificación. En el caso del sector petrolero, donde se aprueban contratos millonarios, participaba también el Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos. Con la reforma de 2017, la riqueza de Ecuador sigue en manos de tres representantes del Ejecutivo. Sus titulares deberán recordar que una autoridad puede delegar funciones, pero nunca responsabilidades. Lo que hace el delegado se entiende como hecho por el titular.
Estas reflexiones son oportunas frente a las denuncias de Carlos Pareja Yanuzzelli, presentadas ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, donde aseguró que Rafael Correa encabezó una red de corrupción petrolera que perjudicó al país en 5.000 millones de dólares. Dijo: “El Presidente sabía desde el primer momento lo que estaba ocurriendo, en 2008… En 2011 continuaba la corrupción en mayor grado, directamente lo conocía y lo manejaba Rafael Correa Delgado”. Además, sostuvo que estas denuncias, respaldadas en documentos, eran conocidas por los fiscales de turno, pero hasta hoy no fueron atendidas, lo cual, de ser verdad, es alarmante. El Ecuador exige de la Función Judicial que no quede en la impunidad la corrupción en el manejo de los recursos nacionales.