Los acuerdos con las organizaciones indígenas y el Gobierno han logrado dar al país paz, aunque evidentemente relativa. Es una victoria frágil del Presidente de la República y solo una tregua para líderes del paro. El resto de los ciudadanos vivimos sentados sobre un polvorín político, social, económico e institucional que puede estallar en cualquier momento. Basta con que algún “dirigente popular” quiera hacer el papel de héroe y de redentor.
La seguridad y la estabilidad están por verse. La amenaza más directa y significativa sigue siendo, entre nosotros, la pobreza institucional de nuestra democracia. Un escenario al respecto tuvo lugar en la Asamblea Nacional, en el intento fallido de deponer al propio presidente Lasso.
El diálogo aleja la posibilidad de un conflicto aún más grave. Nuestra política es una mezcla perversa entre el cálculo de intereses y las pasiones de quienes buscan notoriedad. Por tanto, los tiempos políticos actuales en Ecuador no son los más adecuados para un debate inteligente que nos lleve a superar, sin secuelas, esa manera de entender la democracia y la institucionalidad, así como los derechos humanos de una parte y la otra.
Es necesario que la sociedad sea abierta y plural, pero en doble vía. Abierta y plural, por ejemplo, para quienes participaron en el paro y también para quienes lo padecieron. No se deben romper las reglas del juego de forma unilateral. Cuando se lo hace, se pierde legitimidad, lo que refleja la degradación de la política en la que fuimos formados todos y hoy respiramos.
Es grande el peso que llevan sobre sí el Estado y la sociedad con esta enorme crisis constitucional. Las normas y reglas destinadas a guiar la democracia se han puesto en duda por ineficaces o se han dejado de lado por completo, aprovechándose algún que otro oportunista. Todo seguirá así hasta el próximo chantaje, o sea, el paro por venir.