El sistema penitenciario

Mayra Aguirre Robayo

Las masacres carcelarias acaecidas en Ecuador demandan reflexionar sobre la política criminal estatal que debería estar basada en la vida y no en la muerte. El rasero populista no resuelve asuntos estructurales de la inequidad: económica, educación y salud. Estas causas se agravan con la corrupción y el narcotráfico. Especialistas consideran que los centros carcelarios son ´campos de concentración´ relacionado con la norma jurídica y con la gestión de control policial de centros de privación de libertad.

La doctrina de seguridad nacional aúpo la teoría del enemigo y optó por un giro punitivo en el derecho penal sin mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El fenómeno delictivo no tiene salidas públicas de rehabilitación que permita el trabajo carcelario para continuar sosteniendo a sus familias. La evolución de encarcelamiento desde el 2010 al 2021 significó un incremente de 16.100 presos a 37.698, según la Defensoría del Pueblo. El indulto y la repatriación han sido medidas marginales en el decrecimiento de los presos. De acuerdos a fuentes de la Fiscalía Nacional: los delitos por droga 10592; robo de propiedad privada 10031; afectación a la integridad sexual 6177; asesinatos 5228. La política criminal se agota en la sobrepoblación, en el hacinamiento y en la violencia.

A las personas privadas de la libertad les han despojado de toda dignidad afectando los derechos y garantías constitucionales. La Policía como fuerza de seguridad debe estar dotada de una sólida formación de derechos humanos y en asuntos penitenciarios. Las bandas han sido creadas por el Estado y al darles pabellones enteros en las cárceles son dinámicas en el mercado de armas y drogas que influye en la inseguridad urbana. Las masacres en el Ecuador ascienden alrededor de 400 presos. La CIDH ha identificado como causas: falta de control del Estado, corrupción, autogobierno, entre otros. Es provocativo el artículo de la revista Nueva Crítica Penal de Raúl Cadena Palacios Presidente de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario.

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