Las matanzas ocurridas en las cárceles ecuatorianas son absolutamente deshumanizantes. Hay que recordar que los centros de rehabilitación son responsabilidad del gobierno nacional y que las personas que cumplen penas privativas de libertad están bajo tutela del Estado. Si una persona muere dentro de una cárcel es responsabilidad del gobierno nacional, por no haber generado las condiciones mínimas de seguridad durante su reclusión.
Ante la ola de violencia que vivimos en el país, se escucha cada vez con más frecuencia que se deben incrementar las penas y que es necesario mano dura. Pero el incremento de penas puede ser en gran medida la causante de la ola de matanzas en las cárceles del país. Y más que mano dura, creo que se necesita planificación, organización y estrategia.
El endurecimiento de las penas siempre debe estar acompañado de un estudio técnico de factores sociales; sin embargo, en el Ecuador se han realizado este tipo de cambios exclusivamente por temas coyunturales y políticos. Un claro ejemplo de ello fue la implementación del Código Orgánico Integral Penal en 2014, con esta normativa, la pena máxima aplicada pasó a 40 años; a pesar de ese incremento, los índices de inseguridad, violencia y criminalidad han aumentado.
Actualmente el Ecuador tiene una sobrepoblación penitenciaria que en términos numéricos equivale al 22.32%, según los últimos datos proporcionados por el SNAI. A pesar de que no parece un porcentaje alto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha explicado en un informe de evaluación a Personas Privadas de Libertad en Ecuador, realizado en este año, que el hacinamiento es mucho más alto, pues la cifra reflejada es dada en consideración de las camas previstas en los centros carcelarios, y no de la verdadera capacidad de alojamiento de los centros de reclusión. Si a esto se suma el hecho de que en nuestro país no existe un verdadero sistema de rehabilitación, significaría que las personas ingresarían muchos años a los centros de privación de libertad sin ningún objetivo; de igual forma, luego de que recupere su libertad, sea 10 o 20 años después, seguramente el sujeto reincidirá, pues el Estado no fue capaz de reeducarlo y reinsertarlo.
Definitivamente quienes trasgreden la ley deben enfrentar las consecuencias, que en muchos casos será la privación de libertad, pero no en todos. El régimen vigente nos hace asistir a un dantesco espectáculo en que las personas están sometidas a tratos crueles e inhumanos en las cárceles que en realidad son jaulas humanas y donde muchos de ellos mueren. Como Estado todos somos responsables de mantener ese sistema y el gobierno además de responder por esas vidas debe implementar medidas inmediatas para organizar los centros de rehabilitación social. Caso contrario la ola de violencia seguirá incrementándose y en ese escenario todos perdemos.