El horror del hacinamiento

Las matanzas ocurridas en las cárceles ecuatorianas son absolutamente deshumanizantes. Hay que recordar que los centros de rehabilitación son responsabilidad del gobierno nacional y que las personas que cumplen penas privativas de libertad están bajo tutela del Estado. Si una persona muere dentro de una cárcel es responsabilidad del gobierno nacional, por no haber generado las condiciones mínimas de seguridad durante su reclusión.

Ante la ola de violencia que vivimos en el país, se escucha cada vez con más frecuencia que se deben incrementar las penas y que es necesario mano dura. Pero el incremento de penas puede ser en gran medida la causante de la ola de matanzas en las cárceles del país. Y más que mano dura, creo que se necesita planificación, organización y estrategia.

El endurecimiento de las penas siempre debe estar acompañado de un estudio técnico de factores sociales; sin embargo, en el Ecuador se han realizado este tipo de cambios exclusivamente por temas coyunturales y políticos. Un claro ejemplo de ello fue la implementación del Código Orgánico Integral Penal en 2014, con esta normativa, la pena máxima aplicada pasó a 40 años; a pesar de ese incremento, los índices de inseguridad, violencia y criminalidad han aumentado.

Actualmente el Ecuador tiene una sobrepoblación penitenciaria que en términos numéricos equivale al 22.32%, según los últimos datos proporcionados por el SNAI. A pesar de que no parece un porcentaje alto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha explicado en un informe de evaluación a Personas Privadas de Libertad en Ecuador, realizado en este año, que el hacinamiento es mucho más alto, pues la cifra reflejada es dada en consideración de las camas previstas en los centros carcelarios, y no de la verdadera capacidad de alojamiento de los centros de reclusión. Si a esto se suma el hecho de que en nuestro país no existe un verdadero sistema de rehabilitación, significaría que las personas ingresarían muchos años a los centros de privación de libertad sin ningún objetivo; de igual forma, luego de que recupere su libertad, sea 10 o 20 años después, seguramente el sujeto reincidirá, pues el Estado no fue capaz de reeducarlo y reinsertarlo.

Definitivamente quienes trasgreden la ley deben enfrentar las consecuencias, que en muchos casos será la privación de libertad, pero no en todos. El régimen vigente nos hace asistir a un dantesco espectáculo en que las personas están sometidas a tratos crueles e inhumanos en las cárceles que en realidad son jaulas humanas y donde muchos de ellos mueren. Como Estado todos somos responsables de mantener ese sistema y el gobierno además de responder por esas vidas debe implementar medidas inmediatas para organizar los centros de rehabilitación social. Caso contrario la ola de violencia seguirá incrementándose y en ese escenario todos perdemos.

La crítica simplista

Varias voces plantean desde hace tiempo que estamos enfrentado la decadencia del régimen democrático; es decir, que los valores de la democracia liberal no estarían ya tan arraigados en las culturas occidentales. Incluso hay quienes, como Anne Applebaum —periodista estadounidense radicada en Polonia—, sugieren que el autoritarismo estaría más enraizado y por eso se necesita de una nueva élite —intelectual, académica, ‘thinkers’— que redacte los términos del nuevo régimen, si es que definitivamente vamos a sustituir la democracia liberal.

La tendencia actual, tanto en América Latina como en Estados Unidos y en Europa, es la polarización de las ideologías políticas. En medio de este escenario me he puesto a pensar en el servicio público en el Ecuador. No puedo imaginarme una tarea más compleja que esa.

Pienso en los servidores de más alto nivel; es decir, asambleístas, jueces, ministros, secretarías. Creo que, salvo en el caso de la Corte Constitucional, no se filtra con la suficiente rigurosidad a quienes acceden a esos cargos. Pero si bien puede faltar, en términos generales, capacidad y formación para el servicio público, también nos pesa el profundo desconocimiento desde la ciudadanía de lo que se puede hacer desde esos cargos. Eso evidencia incluso más lo polarizada que está la opinión pública también en el Ecuador.

Esta semana, ante las renuncias en el gabinete presidencial, el blanco de las críticas fue Bernarda Ordoñez, ex secretaria de Derechos Humanos. La razón de la salida de Ordoñez fue publicada por ella misma y argumentó discrepancias en varios temas referentes al manejo de la política de DD. HH.; en concreto, la crisis carcelaria y eventos como la presunta violación de una chica de 15 años, estudiante del colegio Dillon, por el chofer del transporte escolar.

La reacción en redes sociales, sobre todo de ciertas militantes feministas, fue inmediata. Para muchos su renuncia fue tardía y hubo cuentas que afirmaban que nunca se lo perdonarán. Mi afán no es defender la gestión de Ordoñez, a quien no conozco, pero sí demostrar respeto. Hay que ser valiente para asumir esa responsabilidad en un gobierno conservador y en el marco de una estructura jurídica asfixiante, con recursos escasos y varias urgencias.

Es igual de cierto que asumir un cargo así demanda del individuo una responsabilidad gigante y dar más de lo evidente en esfuerzo y trabajo; en otras palabras, esos puestos no pueden ser para mediocres.

Pero cuando leo esas críticas vehementes y simplistas, me da le impresión que esa gente nunca ha trabajado. No solo en el sector público, tampoco en el privado. En ningún puesto de trabajo puedes llegar con una varita mágica y transformar la realidad. Debes gestionar desde el conocimiento y los objetivos; con frecuencia, lo que puedes hacer no se acerca a lo que quieres hacer.

A las mujeres siempre nos cuestionan más. Se espera de nosotras una militancia en el feminismo tan ardua que cuando llegamos a un puesto de trabajo debemos reformar las estructuras de miles de años. Pero creo que cada paso cuenta, que romper los techos de cristal también suma, y que a las personas hay que medirlas justamente por su gestión. Y espero no asistir a una nueva parodia de “expulsión” del mundo de las mujeres; porque, de ser así, cada vez serán menos las que corran el riesgo de jugar en la cancha de lo público.

Un problema de todos

El fenómeno de la violencia es un problema de toda la ciudadanía. Desde hace años vemos cómo crece por distintas causas, como el incremento del narcotráfico, el desempleo y la descomposición social. Puede que la migración desordenada incida también en el aumento de la violencia, pero no porque las personas que vienen de otros países sean más violentas, sino porque los procesos migratorios urgentes y desesperados traen a gente pobre que viene a empobrecerse más en el territorio ecuatoriano. No obstante, en ese grupo migratorio prima la gente trabajadora y honesta con posibilidades de insertarse en la sociedad de manera ordenada, como muchos lo han hecho. Hay que tener mucho cuidado con la manera en que entendemos a la migración para no caer en estereotipos xenófobos que debilitan aun más el tejido social.

Hubo gobiernos que favorecieron el asentamiento de grupos delictivos en nuestro territorio, pero el elemento de los valores ciudadanos también es un factor a tener en cuenta. Se ven expresados, por ejemplo, en el alto nivel de violencia machista; cada vez son más conocidos los casos de hombres que agreden a sus parejas y las matan. La violencia vicaria es una constante en nuestro país y también son muchos los que se niegan a asumir la responsabilidad sobre sus hijos. No podemos esperar que las autoridades públicas solucionen el tema de valores de convivencia. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestras relaciones.

Sin embargo, sí debemos exigir a quienes nos gobiernan medidas concretas para erradicar el fenómeno de la violencia. Es hora de un pacto que incluya a todos los niveles de la sociedad. La sociedad civil, a través de sus vocerías, gremios, iglesias, asociaciones, colegios profesionales, universidades, debe asumir el liderazgo de un país que va por un camino muy dramático y del que debemos rescatarlo. 

Juramento de abogada

Siempre quise ser abogada. Desde que me acuerdo, Derecho era la carrera que quería estudiar. En segundo grado de primaria consideré, en un momento de duda, ser periodista; me había vinculado al club de Periodismo de mi colegio y me confundí por poco tiempo. El requisito para entrar era estar en tercer grado, pero mi insistencia fue tanta que las profesoras cedieron. Además, conseguí una entrevista con el director de El Comercio, que era mi tío Santiago. También quería seguir a mi hermana, que estaba en 5.º grado y ya era parte del club de periodismo, pero ella no se atrevió a tanto. Me gané el puesto por esa capacidad de persuasión y me convencí de que lo mío era el Derecho.

Cuando era niña, disfrutaba mucho ir a la casa de mis tíos porque jugaba con mis primos, sobre todo con mi primo Santi —el niño más dulce y bueno que pudo existir en este mundo— con quien compartíamos aficiones como los insectos, los dinosaurios y todo tipo de dulces que nos proveía su abuelo; o finalmente él se resignaba a seguir mis instrucciones y jugar a las barbies. Pero uno de mis momentos favoritos de la visita era cuando yo corría al cuarto de mi tío, donde, sobre su edredón blanco impecable, reposaban periódicos de varios lugares del mundo (no sé cómo no se manchaba con la tinta esa hermosa decoración). Mi tío, que era en general bastante frío y distante, conmigo era particularmente afectuoso y me los compartía. Obviamente había un orden, un rito; él los leía y me los pasaba, explicando el origen y me pedía que con mi “media lengua” leyera los titulares. Me enseñó el arte de sostener el periódico físico, que yo perfeccioné con mi papá el resto de la vida (algo que ahora no existe en el imaginario de nuestros hijos). Yo alucinaba —y eso que eran periódicos del día anterior—. Ahora, cuando con un clic en tu celular tienes acceso a todos los periódicos del mundo, tengo muchos alumnos que no leen ni la prensa local. Pero también tengo otros que lo hacen; que leen no solo prensa, sino literatura y doctrina, que me exigen y me interpelan todos los días. Son ellos los que hacen que esta hermosa profesión sea tan gratificante.

Esta semana, en la UISEK, hemos tenido una larga jornada de defensas de tesis de estudiantes del pregrado y de estudiantes de posgrado. Con cada estudiante y con cada trabajo de titulación recuerdo por qué elegí estudiar Derecho. Lo haría mil veces más. Tengo el privilegio de tomar el juramento a tantos alumnos que, con lágrimas en sus ojos, prometen cumplir con los mandatos de la ley y con los principios de su universidad. Hay tantos profesionales del Derecho que han menospreciado la profesión y degradado la ciudadanía con sus pillerías y atropello a ley, que con frecuencia escuchamos que ser abogado es muy duro. Pero nuestra carrera es preciosa. Lo terrible son los valores sociales que nos rigen y eso se combate desde todos los espacios de la sociedad y por supuesto desde el ejercicio del Derecho también.

Hay días, como hoy, en los que pienso mucho en la responsabilidad que tengo al graduar nuevos profesionales del Derecho. Les pido a los estudiantes y a los colegas que no se miren reflejados en los escándalos políticos, aunque la mayoría de ellos sea protagonizada por profesionales del Derecho. Mírense, más bien, en cada uno de sus docentes que dignifican la profesión y que luchan por la justicia, pese al sistema y al contexto. Yo tengo la suerte de ver eso en colegas que inspiran todos los días y es lo que yo, como decana, puedo ofrecerles.

La Asamblea no es el camino

Una vez más, la Asamblea Nacional le dio la espalda al Ecuador y, por eso, la ley ya no es el camino.

El proyecto denominado Ley de Atracción de Inversiones, presentado por el Ejecutivo, fue archivado en el Legislativo; con ello se archivó también la escasa posibilidad que existía de promover una sintonía entre los poderes del Estado y gobernar de manera armónica.

El proyecto de ley contemplaba una serie de incentivos encaminados a promover la inversión privada a más largo plazo. Esto suponía derogar varias disposiciones, algunas que modificaban estructuralmente la economía del país e inclusive otras que se hicieron dirigidas a banqueros y a enemigos políticos de un expresidente. Todas se fraguaron durante la década más oscura de la historia reciente y estaban contenidas en varios cuerpos normativos. Por eso la Ley en cuestión, pretendía reformar: el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos; Código Orgánico Monetario y Financiero; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Ley de Régimen Tributario Interno; Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador; Ley de Compañías.

El proyecto de ley habría creado algunas condiciones idóneas favorables para el desarrollo de la economía y, por ende, la mitigación de la pobreza en el país. Pero, evidentemente, la ley tampoco iba a cambiar la realidad inmediatamente, como con una varita mágica.

El debate político en torno a esta ley fue muy pobre, tanto así que se impusieron los discursos anquilosados de una izquierda caduca, alejada de la realidad, dirigida por militantes que lucran moral y económicamente de la pobreza de la mayoría de la gente; así como el liderazgo de las bancadas de improvisados que buscan réditos particulares e inmediatos.

Por eso, es momento de obviar a la Asamblea y no me refiero a su juego de la muerte cruzada; eso sería caer en su trampa. El arte de la política implica ser creativos y recursivos. Seguro es difícil gobernar en la cancha estrecha que ha marcado la Constitución y las leyes, pero quizás el Gobierno no ha visto aún que sí cuenta con un Ecuador de gente trabajadora y comprometida con la libertad que quiere sacar adelante al país. Es momento de incorporar a la sociedad civil, a los sectores que pueden generar empleo y acabar con el hambre y la angustia de los ecuatorianos. Para ello también habrá que honrar los acuerdos y compromisos con todos los sectores, escuchando las demandas de la ciudadanía.

Ni perdón, ni olvido

El poder legislativo en el Ecuador, una vez más, estremece a la ciudadanía tras la decisión de declarar amnistía a 268 personas procesadas por distintas causas.

¿Pero qué implica la amnistía? ¿De qué se les acusa a esas 268 personas?

La palabra amnistía, según la definición de la Real Academia Española significa: “Perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Es una decisión a nivel político con consecuencias en el nivel jurídico. Esta figura, contemplada en la Constitución, así como en estándares internacionales de protección de derechos humanos, tiene como objetivo perdonar a personas procesadas por delitos que, en la mayoría de los casos, son de índole política. Es decir, que mediante esta decisión se deja en libertad a personas específicas, pero sobre todo se pretende liberar a la sociedad de un conflicto que tiene poca viabilidad de resolverse.

En el caso ecuatoriano, dentro de los 268 amnistiados constan implicados en las violentas protestas que desestabilizaron la nación en octubre de 2019, traficantes de tierras, responsables de minería ilegal en Buenos Aires en la provincia de Imbabura, entre otros. Y dentro de esos nombres obviamente salen bien librados líderes políticos del movimiento indígena como Leonidas Iza y otras caras visibles de la “revolución ciudadana” como la prefecta Paola Pabón.

Los asambleístas otorgaron la amnistía a este inmenso grupo de personas argumentando que se criminalizó la protesta social, que se castiga la defensa de los derechos de la naturaleza. Para los legisladores, todas esas acusaciones se deben a persecución política y falta de comprensión de prácticas ancestrales. Resulta que cuando el país entero enfrentó las vías cerradas con turbas de atracadores, los saqueos, los incendios y vimos por televisión policías y periodistas secuestrados, no entendimos su mensaje pacífico y su tradición cultural. Nosotros, los que nos indignamos, estamos equivocados y buscar justicia supone una persecución política. En la misma línea, la amnistía implica dejar impune los delitos sexuales contra las mujeres policías que fueron detenidas por los manifestantes (pacíficos según la compresión de la Asamblea Nacional) que hoy están libres. También debemos olvidarnos que se incendió la Contraloría General del Estado.

Quizás el aspecto más grave de esta retorcida decisión política, es el grado de indefensión en que queda nuestra fuerza pública. Los policías y militares vejados, humillados y violentados durante las mismas protestas no fueron contemplados dentro de esa amnistía. Sin perjuicio de que cualquier abuso por parte de la fuerza pública debe ser investigado y procesado, no podemos decir a quienes nos protegieron durante esas jornadas de ataque destructivo a todo el país sobre todo a la capital, que a partir de ahora no vuelvan a hacer su trabajo. En un momento en que nos sentimos inseguros y desprotegidos como ciudadanos, necesitamos una fuerza pública sólida que cuente con el apoyo legal y político para defender a la población. Este mensaje es precisamente el opuesto.

Por eso no hay perdón, ni olvido. Ningún ecuatoriano ha olvidado esos días de angustia y terror. Los quiteños y quiteñas no hemos perdonado a quienes destruyeron nuestra ciudad.

No se confundan. No fueron marchas reivindicativas que dejaron huellas en paredes y calles, como ha sido la historia de esta capital política y democrática que ha defendido la institucionalidad del país en tantas ocasiones y que ha sido el escenario de las conquistas de los movimientos sociales. Octubre de 2019 fue un atentado violento a la estructura de Quito y a la dignidad de su ciudadanía.

Buenas prácticas

La sociedad del siglo XXI es una sociedad sumamente violenta. No lo digo exclusivamente por los más de 10 días de cruda guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania; hasta ahora el saldo de muertos es incuantificable, las ciudades destruidas y poblaciones de ambas naciones devastadas. Se estima que al menos 1.5 millón de ucranianos han tenido que abandonar su país y 1 millón de personas estarían desplazados dentro del territorio.

El feriado de carnaval terminó con la noticia de una nueva violación múltiple, esta vez en Palermo, Argentina. Una joven fue atacada por otros seis jóvenes que la encierran en un auto para cometer su brutal agresión sexual. Y este fin de semana las imágenes aterradoras de patadas, robos y matanza entre hinchas al finalizar un partido de fútbol disputado entre el Querétaro y Atlas, en México.

Parece que es momento de redefinir la estructura de nuestra sociedad y, en ese sentido, el rol de hombres y mujeres como actores de convivencia pacífica. Si queremos una sociedad menos violenta, tenemos que cambiar la fórmula del poder y eso se hace desde todos los espacios.

Las buenas prácticas deben iniciar en primer lugar, en el espacio doméstico. Y, después, recordar que la igualdad en la vida pública, no puede enfocarse sólo en la representación política y las leyes paritarias. Ahí los gremios cumplen un rol fundamental. Esta semana participé en un foro para analizar cómo generar políticas con perspectiva de género; hablamos sobre el Poder Legislativo y la Empresa Ecuatoriana. Los datos sobre la poca presencia de mujeres en cargos directivos de empresas en el país son alarmantes; apenas 3 de cada 10 puestos directivos están ocupados por mujeres. Y por eso promueven iniciativas muy valiosas, como la de “Sello Empresa Segura libre de violencia y discriminación contra las mujeres”.

Menciono otro esfuerzo importante, esta vez desde un gremio de medicina, la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología —una organización que agrupa a profesionales de la salud desde hace más de tres décadas— organiza un conversatorio que cuenta exclusivamente con expositoras mujeres. Es la primera vez que dicha organización está presidida por una mujer, quien promueve la visibilización de las doctoras y científicas del gremio, que cuenta con el apoyo de sus colegas varones.

Se preguntarán los lectores cómo estas iniciativas que menciono constituyen un aporte para erradicar una cultura de violencia. Hay que eliminar las prácticas violentas y discriminatorias en los espacios más cotidianos para consolidar una cultura de paz y democracia. En una sociedad desigual eso no es posible, con la discriminación de cualquier tipo y, por ejemplo, la perpetuada hacia la mujer, perdemos todos.

Esta semana se conmemora el Día de la Mujer y les invito a celebrarlo promoviendo mayor igualdad en nuestros espacios de trabajo. Entonces podremos romper los círculos de violencia que nos aquejan desde en lo doméstico hasta en lo global.

Reformas a la Educación Superior

Por María Paz Jervis

Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, en el Ecuador se inició un proceso de reforma profunda al régimen jurídico de educación superior, tanto en las instituciones privadas como públicas. Ciertamente, en el contexto nacional urgían reformas legales para garantizar que los estándares de calidad fuesen similares en todas las universidades e institutos de educación superior.

Es de público conocimiento que en el Ecuador proliferaron los centros de estudios donde se ofrecía tecnologías y profesiones con casi ninguna regulación; es decir que, en una época el mercado académico creció con absoluta libertad y ese fenómeno menoscabó la calidad de la educación. En otras palabras, hubo muchos años en que conseguir un título universitario en el país era una posibilidad muy sencilla de lograr y esos títulos no siempre constituían el resultado de una formación académica sólida.

La reestructuración que se dio en 2012 con la nueva Ley Orgánica de Educación Superior supuso un proceso arrollador y con alta carga política; tal como ocurrió en otros ámbitos del espectro público nacional. Se crearon criterios de regulación que sirvieron como herramientas para el control político y en gran medida se asfixió a las universidades, sobre todo a las privadas. Pero en medio de ese ambiente negativo, también se crearon estándares de calidad que ahora constituyen rectores de la oferta académica en las instituciones de educación superior del país. Y estos nuevos paradigmas han permitido instaurar una cultura de procesos y de calidad en la gestión de la educación universitaria.

En el año 2018 se reformaron algunos aspectos de la LOES y en agosto de 2021 se presentaron en la Asamblea Nacional dos propuestas de nuevas reformas: la primera es iniciativa de la Función Ejecutiva y la segunda proviene de los asambleístas Salvador Quishpe Lozano, María Isabel Enríquez Jaya, Efrén Noé Calapucha Grefa, Ligia del Consuelo Vega Olmedo y Rosa Elizabeth Cerda.

Las dos propuestas tienen enfoques distintos, pero mantienen un objetivo común que es consolidar la autonomía de las universidades, y su responsabilidad frente a la sociedad y el Estado, con el fin de construir instituciones de excelencia y alta calidad educativa. Por eso, en esta reforma, debe aprovecharse la oportunidad de fijar directrices claras para garantizar en mayor medida la autonomía en la gestión de las universidades y eliminar cualquier vestigio de exagerado control estatal; pero garantizando que se precautelen aquellos estándares de calidad que ya se lograron establecer.

La educación universitaria, constituye un pilar fundamental de una sociedad democrática y es la principal ruta de progreso de las personas. Las normas deben estar claras para que las lógicas políticas y la dinámica del mercado no desnaturalicen la actividad universitaria. 

¿Por qué regular la libertad de expresión?

Por María Paz Jervis

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, inalienable, inherente a todas las personas; constituye además un elemento indispensable en un régimen democrático.

Al ser un derecho tan importante, el Estado debe reconocerlo, garantizarlo y protegerlo; es decir que, además de crear las condiciones necesarias para que cada persona pueda gozar de libertad de expresión, debe prever las posibles sanciones y mecanismos de reparación cuando se vulnera este derecho. Ningún derecho es absoluto. Todos los derechos requieren limitaciones y es el Estado, como garante de nuestra seguridad individual y colectiva, el único que puede establecerlas.

La Ley Orgánica de Comunicación del año 2013 vulneró el derecho a la libertad de expresión de toda una sociedad. Después de esa experiencia traumática que tuvimos los ecuatorianos, yo también llegué a pensar que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Pero precisamente por la experiencia vivida, es innegable que un derecho tan relevante requiere un alto estándar de protección y tutelaje para que nunca más pueda censurarse a las voces opositoras.

Ahora se encuentra en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Libertad de Expresión que ya se aprobó en primer debate. Este contempla una propuesta que se basa, sobre todo, en la autorregulación y evita cualquier forma de sanción.

En ese sentido, si es que consideramos que el derecho a la libertad de expresión es un derecho sin límites, sin obligaciones y sin deberes, estaríamos proponiendo una nueva tipología del derecho que transgrede el ordenamiento jurídico y el Estado.

Si los derechos no son regulados, dejaremos en manos del mercado el ejercicio de los mismos. La autorregulación no puede suplantar el rol garante de Estado.

El riesgo es que se cree otra ley que responda exclusivamente a la coyuntura y ponga en riesgo, una vez más, el tutelaje de los derechos humanos fundamentales.