César Ulloa
El cierre de las mesas de diálogo debe ser leído como un primer momento, en el que se expresó públicamente la voluntad de las partes para concretar los acuerdos conseguidos y seguir discutiendo aquellos aspectos difíciles y controversiales. Por tanto, el segundo momento puede ser más importante todavía, ya que se deberán materializar los acuerdos en la práctica con recursos establecidos, en un determinado tiempo y con responsables identificados. Esta fase es esencial, pues pondrá a prueba la eficiencia del diálogo, la coherencia política de los líderes y la institucionalización del diálogo como elemento insustituible de la democracia.
En este contexto, resulta urgente la creación de una instancia permanente que realice seguimiento, monitoreo, control y evaluación del cumplimiento o no de los acuerdos, sus resultados e impactos, y que sea independiente del poder de turno, así como de la dirigencia indígena. La sociedad civil podría jugar un papel protagónico en temas de transparencia y convivencia pacífica. Además, el país ganaría mucho si los organismos internacionales y la cooperación apuestan por un proceso de este tipo y de largo aliento, pues las experiencias más exitosas en el mundo demuestran que la etapa de seguimiento es clave porque suele reforzar y mejorar la gobernabilidad.
Este ejercicio de diálogo debe ser la entrada a un proceso nacional más amplio, pues hay sectores, gremios, grupos, colectivos e instituciones de educación superior que necesitan ser incorporados y escuchados, debido a su experticia, representación ciudadana, legítimas demandas y al papel histórico que han jugado en la sociedad. Habría que madurar la idea de un “Pacto Social” más amplio, sostenible en el tiempo y con una proyección clara del Ecuador que nos merecemos.
Hay que fijar grandes acuerdos nacionales que sean respetados, indistintamente de los gobiernos de turno en temas, como: seguridad social, educación, sistema de salud, combate a la desnutrición crónica infantil, seguridad, agricultura, empleo, combate a la corrupción y la impunidad con un enfoque ético, técnico, de derechos y justicia social.