María Paz Jervis
El refrán dice que después de la tempestad viene la calma. No sé si en el Ecuador, en esta nueva semana tengamos calma, pero al menos se ha controlado el estallido de violencia que azotó al país en días pasados.
El problema de seguridad es estructural y multidimensional. Tenemos que verlo desde varias aristas y replantearnos la forma en que estamos organizados como sociedad si queremos controlar las expresiones violentas. Este fenómeno es bastante complejo y no basta con clasificar a las personas en buenas y malas, en tendencias políticas o en nivel de ingresos. Hay que mirar integralmente a nuestra sociedad y organizarnos de manera más eficiente y justa. Para eso se necesita un plan de política pública a largo plazo, una política de Estado y no de Gobierno, que recoja un gran acuerdo nacional sobre el país que queremos. Mientras tanto, hay medidas concretas e inmediatas que nuestras autoridades deben implementar.
El Estado debe ser fuerte, firme y justo; fuerte no significa gordo y firme no significa que no sea justo. Hay que recordar que el respeto irrestricto a los derechos humanos implica que se garantice también nuestro derecho a la libertad y a la seguridad.
Desde la sociedad civil tenemos un rol importante en este camino. El sector empresarial, por ejemplo, se suma a varias iniciativas. Desde 2019 hasta septiembre de 2022, las empresas han pagado en promedio $700 millones en contribuciones temporales. Esto, al margen de los $915 millones que el sector productivo viene pagando por impuesto a la renta cada año. Y durante estos días de crisis, también se hacen aportes en materia y en especie en todo lo que se puede. Pero al margen de estas medidas cívicas muy valiosas, lo que verdaderamente urge en el Ecuador, es un liderazgo que convoque a una solución a largo plazo.
Como sector empresarial defenderemos la democracia y la paz, siempre.