Rodrigo Santillán Peralbo
El pueblo peruano sobrevive en una situación compleja en medio de una permanente crisis e inestabilidad política que se ahondó a fines de 2022 cuando el expresidente Castillo anunció la disolución del Congreso, hecho que aceleró su derrocamiento y prisión por intentar un golpe de Estado. Fue reemplazado por Dina Boluarte que se convirtió en la primera mujer en asumir la Presidencia de Perú. Su llegada al poder fue rechazada con masivas protestas que han sido reprimidas con exagerada rudeza que ha producido un saldo superior a los sesenta muertos, decenas de heridos y encarcelados.
La crisis se ahonda y se expande y, a pesar de todo el dolor y sufrimiento del pueblo, organizaciones e instituciones como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, Unasur, Celac, que podrían mediar en el conflicto, proponer soluciones e incentivar diálogos, guardan un ominoso silencio como si fuesen cómplices de la brutalidad represiva del gobierno de Boluarte, o como si nada importara la sangre del pueblo derramada en Lima.
La inestabilidad política y social del Perú, merece la atención de la comunidad internacional que ya debería pronunciarse para rechazar la violencia represiva que acabó con la vida de adolescentes y adultos, pero ¿por qué tanto silencio, inclusive de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Los pueblos organizados de América Latina y el Caribe exigirán justicia ante los organismos internacionales. No pueden quedar en la impunidad los crímenes cometidos por el aparato represivo de Boluarte. Se espera el pronunciamiento de solidaridad y rechazo de los pueblos latinoamericanos porque jamás pueden callar ante los crímenes cometidos en el Perú y, además, porque en algún momento histórico, todos los pueblos han sido víctimas de similares represiones.