La creación de la Corte Penal Internacional (CPI), rompe un paradigma en la conformación de los organismos multilaterales, ya que surge de un consenso con la sociedad civil.
En 1995, una coalición compuesta por 2500 organizaciones (entre las que constan organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos, grupos comunitarios y de campesinos) en 150 países cabildearon por la ratificación del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la CPI.
El activismo de la coalición por la CPI presionó a los líderes mundiales y, en 2002, 120 países ratificaron el Estatuto de Roma.
La CPI constituye un hito histórico del siglo XX en la lucha por los derechos humanos y en la construcción de una cultura de paz. Este tribunal, que sanciona a individuos por crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y de agresión; evidencia que la sociedad civil se apropió de manera activa del sistema de justicia internacional.
En junio pasado se designó al nuevo Fiscal Jefe de la CPI, la máxima autoridad del organismo. Por primera vez, llegar a la designación tomó varias votaciones, la cual recayó en el británico Karim Khan.
El abogado de 52 años ha suscitado controversias en la sociedad civil trasnacional, pues su larga trayectoria incluye la defensa de varios acusados ante tribunales internacionales -como el vicepresidente keniano William Ruto-. Este caso, uno de los más polémicos, fue la primera vez que la CPI logró sentar en la silla de acusados a un presidente y vicepresidente en funciones, implicados en crímenes de violencia postelectoral.
Ahora que el multilateralismo vive una nueva era, no es suficiente el apoyo de los Estados. Las grandes potencias como China, Rusia o Estados Unidos todavía se mantienen en otra dinámica y no han ratificado el Estatuto de Roma.