El pueblo de Chile, en el plebiscito del pasado 4 de septiembre, rechazó de manera contundente el proyecto de nueva Constitución que podría haberse convertido en una de las mejores cartas políticas del mundo que, en sus 388 artículos, garantizaba el pleno respeto a los derechos humanos, sociales e inclusive de regulación de los derechos ambientales, y que liquidaba la privatización del agua.
Según analistas especializados, los chilenos desperdiciaron la oportunidad que instauraba la atención médica universal, que legalizaba el aborto, al tiempo que exigía la paridad de género en el gobierno, que otorgaba respeto y mayor autonomía a las colectividades indígenas como al pueblo Mapuche, que, además, empoderaba a los sindicatos, fortalecía la regulación minera y, por primera vez, reconocía los derechos de la naturaleza y de los animales.
El texto de la Constitución rechazado fue escrito por 155 personalidades no solo políticas sino independientes, con elevados conocimientos de constitucionalismo que consagraban una cantidad superior de 100 derechos, “más que cualquier otra constitución en el mundo, entre ellos, el derecho a la vivienda, la educación, el aire limpio, el agua, la alimentación, la salud, el acceso a internet, las prestaciones de jubilación, la asesoría legal gratuita y los cuidados ‘desde el nacimiento hasta la muerte’”.
Ese rechazo, auspiciado por las derechas políticas mediante campañas millonarias, falsas doctrinas y teorías obsoletas, debilitó al presidente izquierdista Gabriel Boric que defendía el proyecto y que, una vez conocido el resultado, convocó a un diálogo nacional para reafirmar la necesidad de continuar con el proceso constituyente que permitiría ejecutar los profundos cambios que requiere Chile para beneficio del pueblo.