Alfonso Espín Mosquera
Las cosas, cuando son de buena fe, son claras, sin engaños ni triquiñuelas y, cuando los actores de una sociedad quieren obrar en favor de la justicia y la paz, se juntan en un mismo afán; pero, justamente ahora en el Ecuador, que vive una ola de violencia y criminalidad, como nunca antes había ocurrido, tenemos una Asamblea, y en ella un bloque “correísta”, al que se suman politiqueros de otras tiendas, que sin reparos ni vergüenza se oponen, boicotean y pretenden legislar en favor los prófugos de la justicia y los sentenciados por corrupción.
Varios de los integrantes de ese movimiento político, a pretexto de fiscalizar, exigen a la fiscalía que les dé a conocer expedientes reservados, atentando así en contra de la confidencialidad de las investigaciones, para entorpecer los operativos que se puedan realizar, como ya ocurrió cuando el propio Correa alertó a sus camaradas sobre los allanamientos que se iban a efectuar con motivo del caso ‘Metástasis’.
La RC (Revolución Ciudadana), movimiento de Rafael Correa, está proponiendo la inclusión de una causal en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) para solicitar la revisión de las sentencias, cosa que procura el beneficio de quienes son prófugos de la justicia, a más de otras reformas que quieren determinar la obligación que tendría la Fiscalía de informar a la Asamblea Nacional, sobre casos que se encuentren en investigación, aunque estén en indagación previa.
Con estas pretensiones, ¿qué buscan los asambleístas? ¿Exculpar y traer a Correa de vuelta? ¿Informarse, a través de los expedientes reservados, para ponerles a buen recaudo a sus colegas de “uñas largas”? Definitivamente, tener el control sobre las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación y gozar y hacer gozar de impunidad a cualquier malandrín.
Con los miembros de la Asamblea Nacional, solamente tenemos líos, problemas, caos, groserías, chabacanerías, impases, picardías, en síntesis, son una piedra en el zapato, porque el máximo organismo legislativo se ha convertido en el fortín de las inmoralidades y antiéticas, en donde se trata de lavar las culpas y de conducir los destinos del pueblo a cualquier abismo, siempre y cuando se beneficien los intereses de los políticos corruptos.
El país entero debe velar por que el accionar de los asambleístas no beneficie al crimen organizado, sino a los más altos intereses de la nación, en un momento tan complejo en el que sin empacho ni vergüenza, pero seguro con dinero en los bolsillos, los jueces corruptos, también abonan en contra de la labor de las fuerzas del orden, dejándoles libres a los pillos, para que continúen en sus fechorías.
Las cárceles son el bastión de la perdición y el narcotráfico y, no se entiende por qué no hay una autoridad que, aprovechando el control que dicen se ha logrado con la presencia militar, ubiquen a los PPL en los diferentes pabellones, según su peligrosidad y no su afinidad, dependiendo de la banda a la que pertenecen. No pueden seguir juntos los narco compinches; deben ser separados y mezclados sin distingo de su pertenencia delictiva, o más bien atendiendo a que no se junten con sus panas de mala vida.
Es un clamor ciudadano que nos compete a todos el actuar con ética, el construir una cultura de honestidad en el país y en ese cometido, como hemos visto, no nos sirven los jueces corruptos, los policías que traicionan su uniforme a favor del crimen y tampoco los integrantes de una Asamblea que se muestre del lado de las organizaciones delictivas y en contra del país.