Hace casi 35 años, en los primeros días de 1988 —cuando la región tenía el trauma de la lucha antisubversiva de la Guerra Fría a flor de piel— dos jóvenes ecuatorianos desaparecieron.
Como correspondía bajo el ordenamiento legal de aquel entonces, el Servicio de Investigación Criminal de Pichincha recibió la denuncia solo dos días después de los hechos y su jefe cometió el inconmensurable error, al día siguiente, de asignar el caso a una subteniente que acababa de cumplir 22 años, sin ninguna experiencia previa en investigación. La oficial perdió el control de la investigación, cedió una y otra vez a la tentación de resolver todo con mentiras e intentó encubrir su propia incompetencia con promesas que no podía cumplir; durante siete meses mantuvo engañados y aterrorizados a los familiares. Casi un año después, estos iniciaron una denuncia pública en la que exigían que el Estado respondiera por todas esas promesas que esa subteniente, designada por las autoridades, les había hecho. El resultado, el llamado Caso Restrepo, terminaría destrozando la confianza de la ciudadanía en el Estado y propiciando una transformación radical e ideologizada de la Justicia ecuatoriana.
El Estado ecuatoriano parece no haber aprendido nada de aquel viacrucis. En el momento actual —con toda la preocupación que existe en temas de género— la Fiscalía acaba de dejar escapar, con inexplicable —¿o sospechosa?— incompetencia, a quien a todas luces era el principal sospechoso de una desaparición que amenaza con sacudir hasta sus cimientos, en un momento gravísimo, la confianza del país en su Estado y en su Policía. Incluso si dan con él y con la desaparecida María Belén Bernal —con o sin vida—, la verdad quedará irremediablemente manchada gracias a la incompetencia estatal. Una vez más.