Hasta que Estados Unidos capturó a Álex Saab, hace ya más de dos años, el presunto testaferro del régimen venezolano había logrado escapar a la justicia de diferentes países —incluso a la ecuatoriana—, pero la prisión del colombiano, amigo y financista de Nicolás Maduro en una pequeña nación africana, invitaban a confiar en que finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos.
La sofisticación del operativo de su detención y la determinación con que se exigió su extradición sugerían un alto grado de compromiso por parte de EE.UU. Saab no solo había saqueado y perjudicado al pueblo venezolano de manera criminal e inhumana, empleando el sistema financiero estadounidense para ello, sino que era agente de un siniestro gobierno en el que confluyen el crimen organizado, doctrinas totalitarias y potencias autoritarias extracontinentales.
Todo ese optimismo se disipa tras el cruel baño de realismo político que ha significado el canje de Saab por un grupo de detenidos. Al menos diez prisioneros estadounidenses y otros 20 venezolanos fueron negociados por la justicia y la diplomacia norteamericanas. Mientras el gobierno de Joe Biden aceita su acercamiento al régimen venezolano, en gran parte porque necesita aliviar la migración de latinoamericanos que agobia a sus fronteras y le juega en contra en las próximas elecciones, ahonda las prácticas de ‘intercambio de prisioneros’ que podrán resultar, además, en un inminente peligro para ciudadanos extranjeros que osen operar o transitar en Venezuela.
Es evidente que la primera potencia mundial está dispuesta a negociar con dictaduras, con medidas propias del trato entre pares, pero que se consideraban fuera de lugar al lidiar con corruptos y terroristas.