Milica Pandzic
A Ola Bini, el simple hecho de ser experto de seguridad digital en Ecuador le costó 71 días de prisión y un proceso penal de cuatro años. Nunca existió un delito, sino una persecución que se materializó en un juicio lleno de ilegalidades, arbitrariedades, y graves violaciones a sus derechos.
El sinsentido de este proceso se evidencia en las más de 120 violaciones civiles y procesales documentadas, como es el inicio del caso por una llamada anónima de la cual no existe registro y cuyas transcripciones no concuerdan entre sí; la detención “por flagrancia” sin que Bini pudiera contar con abogado ni traductor; la acusación de haber cometido ataques informáticos por la simple posesión de herramientas informáticas y el uso del navegador Tor, entre otras.
Este caso es una prueba más del uso político del sistema de justicia de Ecuador, en detrimento de los derechos y garantías que tanto ecuatorianos como extranjeros poseemos en el país. Además, demostró la enorme brecha de conocimiento y capacidades de nuestros operadores de justicia sobre tecnología, derechos digitales, y seguridad digital, lo que pone a todos los expertos y activistas de estas ramas en una situación de doble indefensión – lo que representa una paradoja en un mundo que es cada vez más digital, y donde dichas profesiones se vuelven cada vez más comunes e indispensables para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Hoy, es el Estado ecuatoriano el que debe rendir cuentas de su actuación, pues la declaración de la inocencia de Ola Bini refuerza que su proceso solo estuvo basado en estigmatización, y esto representó una injusta persecución realizada por el sistema fiscal, judicial y policial, por el Gobierno, e incluso por parte de la prensa. Sin pruebas ni delito, se lo juzgó por lo que su profesión representaba en el contexto político de dicho momento.