Se suponía que una de las fortalezas de este Gobierno sería la de crear las condiciones que fomenten la inversión extranjera; lo que le permitiría al país recuperarse económicamente y seguir creciendo, generando empleo y fortaleciendo la competitividad, la productividad y la innovación. No obstante, a pesar del discurso proempresa del Gobierno, y de los esfuerzos de las distintas carteras de Estado, las inversiones no llegan.
En 2021, el país recibió $638 millones de inversión extranjera directa, un monto similar al que se recibió en 2017 ($630 millones): lo que representa cuatro años de atraso. En el presente año, la situación es aún menos alentadora: la inversión extranjera cayó en un 45% durante el primer trimestre de 2022 ($138 millones) en relación al mismo trimestre de 2021 ($249 millones).
En su plan de Gobierno, el oficialismo apostaba a que un sistema económico con reglas claras y un fortalecimiento de los vínculos con países/socios comerciales ayudarían a cumplir este cometido. Hoy sabemos que no ha sido suficiente, y las razones son varias.
Si bien para 2021 se firmaron contratos de inversión que representan $2 200 millones y para el primer trimestre de 2022, estos montos bordean los $850 millones; el efecto de estos compromisos no es inmediato, sino que será paulatino en plazos de cinco hasta de diez años.
Mientras, la grave situación social, la inseguridad, y el pobre manejo político del país ahuyentan proyectos e inversiones más inmediatas. Esto, en un contexto de una posible recesión global para 2023, solo agrava el desalentador panorama. Se requiere voluntad y acción política, que, ancladas a soluciones integrales e inteligentes, contengan las crisis actuales y nos preparen para los siguientes escenarios, ya que un país con tantas crisis como el nuestro, no es ni será destino atractivo para inversiones.