La pandemia fue una dura lección sobre la importancia del fortalecimiento de los sistemas de salud. Una mayor inversión en salud y una mejor administración de sus recursos significa un mayor número de vidas protegidas y salvadas, especialmente en situaciones extraordinarias como lo fue la COVID-19.
La Organización Panamericana de la Salud ha sido clara en que en pocos países de las Américas la inversión pública en la salud está al nivel que debería (6% del PIB), y esto ha hecho que sus sistemas sean propensos a la escasez de personal de salud y de suministros esenciales. Esta es una de las principales razones por las que los países latinoamericanos estuvieron entre los más impactados por la pandemia a nivel global.
El gasto público en salud de Ecuador previo a la pandemia era de 4,2% del PIB y el gasto que los ecuatorianos realizaban de manera directa en el punto de atención representó el 39,8% del gasto total en salud. Que gran parte de este gasto deba venir del bolsillo de las familias, especialmente en un país tan inequitativo como Ecuador, genera más desigualdad estructural en el acceso a los servicios de salud.
Aunque la pandemia está cerca de superarse, los sistemas de salud no deben quedar desatendidos. Más bien, la demanda de la salud pública irá en aumento. Entre otras cosas, se deben regularizar las atenciones, vacunaciones y chequeos de salud que la pandemia aplazó y asumir el mayor costo que significará el no haber accedido a atenciones y diagnósticos oportunos; se deberán atender los efectos del COVID prolongado y el impacto de la pandemia y su confinamiento en la salud mental; y nos debemos preparar para posibles futuras epidemias y shocks que podrían tener un amplio impacto en la población, como los efectos de la crisis alimentaria o del cambio climático. La inversión en salud debe ser prioridad hoy.