Mientras políticos y líderes criminales acceden a una ‘justicia’ rápida, los casos de mujeres violadas y asesinadas no se resuelven ni se previenen.
En lo que va de 2022, en Ecuador han ocurrido 20 femicidios, un 50% más que en el año 2021. Entre las víctimas hay similitudes: antecedentes de violencia, boletas de auxilio, agresiones sexuales e impunidad.
Los casos de Brenda, quien acusó de violación a tres funcionarios del Ministerio de Salud Pública; Naomi, cuyo suicidio debe ser tratado como femicidio, y Lisbeth, asesinada por su esposo y cuyas heridas fueron cerradas con pegamento; evidencian la falta de celeridad y políticas de prevención en el país.
Amelí Rosero, psicóloga y activista por los derechos de las mujeres, señala que los gobiernos caen en el error político de “vivir evaluando la norma y anunciando presupuesto”.
Para ella, las falencias del sistema de prevención de la violencia son evidentes y se han repetido a todos los gobernantes de turno, “desde 2014, con las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y en 2018, con la Ley para erradicar la violencia de género”.
Problemas de fondo
La revictimización, recorte presupuestario y falta de empleadores de la justicia con enfoque de género son parte de los problemas que, según Rosero, permiten el aumento impune de la violencia contra las mujeres y muestran la inequidad en el acceso a la justicia.
La abogada Denisse Melo señala que la falta de celeridad en la justicia impide a las víctimas denunciar los casos y salir de círculos de violencia. “Cuando estás en un total estado de vulnerabilidad y ves que los casos como el de Brenda no tienen justicia, pero políticos o gente que ha matado logra acciones céleres, te sientes en indefensión total”, señala.
Ambas dicen que los políticos se apropian de la defensa de las mujeres desde un discurso que no se convierte en acciones.
En 2016, durante el régimen de Rafael Correa se concretó la compra de 4.000 grilletes electrónicos. La exministra de Justicia, Lady Zúñiga, dijo, en aquel entonces, 400 grilletes se entregarían a las víctimas de violencia de género. El objetivo era que los agresores porten estos dispositivos para reducir su nivel de acercamiento. Sin embargo, todo quedó en ofrecimientos.
En el Gobierno de Lenín Moreno, en cambio, bajó el presupuesto de la Ley para la erradicación y prevención de la violencia de $1,5 millones a $700.000.
Mientras que el actual presidente, Guillermo Lasso, aumentó el presupuesto para la erradicación de la violencia contra la mujer a $24 millones que no se han visto reflejados en el combate a la impunidad por estos casos.
Brenda, Naomi, Lisbeth son un reflejo de las muertes de mujeres por femicidio que, en un 47%, no pasan de investigación previa.
Estos son factores que hacen que día a día la violencia contra las mujeres sea noticia. Como el hombre que apuñaló a su pareja, a plena luz del día, en Quito. O el policía que mandó a matar a su hija y su exesposa. (AVV)
Violación grupal
Brenda tenía 24 años cuando su profesor de medicina y dos funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) habrían abusado sexualmente de ella. Ocurrió en 2018 y luego de la denuncia, los agresores fueron condenados (a 29 años y 4 meses) en primera instancia, pero apelaron y dos de ellos fueron absueltos.
Brenda llevó el caso hasta la Corte Nacional de Justicia. Pero el 13 de abril de 2022, se le negó su recurso de casación. Se ratificó la inocencia de dos de los tres hombres y solo Fabricio Zambrano deberá cumplir prisión. Sin embargo, su sentencia no está en firme, por lo que Zambrano sigue libre y – según la familia de la víctima– con la posibilidad de huir del país.
La defensa de Brenda señaló que el veredicto se dio pese a los videos, fotos y exámenes médicos que apuntaban a una violación grupal por parte de funcionarios del sector sanitario público del país.
Brenda ha pasado cuatro años demandando justicia.
Ineficiencia en peritos
En 2020, Lisbeth fue asesinada por su esposo, quien hasta el velorio mantuvo que la muerte de la mujer de 30 años fue un accidente.
La familia de la víctima pidió una nueva autopsia y descubrió que la mujer murió por golpes en la cabeza y que las heridas fueron selladas con pegamento.
El peritaje inicial falló porque la Ley que norma estos procedimientos no sale del papel. Geraldine Guerra, directora de la Red de Casas de Acogida de Ecuador, señala que el protocolo en estos casos detalla que “toda muerte violenta de una mujer debe ser considerada primero como femicidio y luego descartar. No al revés”.
Estas fallas hicieron que el principal implicado huyera.
Actualmente, hay dos procesos judiciales abiertos en este caso. Uno por femicidio contra Luis Hermida, esposo de Lisbeth, y otro por fraude procesal, en el que están procesadas seis personas: Nancy Núñez, madre de Luis Hermida, y el médico que firmó el acta de defunción de supuestas razones naturales, están procesados. Las otras cuatro huyeron.
Sospechoso en el sistema fiscal
Naomi fue hallada muerta en diciembre de 2021. Aunque la primera autopsia revela que murió por asfixia (suicidio), videos y chats revelaron que su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo, la agredía física y sicológicamnete.
El caso llegó a Quito, por pedido de la defensa de Naomi. El abogado Luigi García denuncia que, a cuatro meses de la muerte, existe falta de celeridad en la Fiscalía “en torno a despachar las principales diligencias que hemos solicitado, pendientes al esclarecimiento de los hechos para robustecer la teoría de que Naomi no se suicidó”.
García argumenta que Izquierdo dice que no se pueden mencionar qué diligencias son, porque el caso está en investigación previa, pero tienen que ver con la técnica-científica de criminalística.
García señala que, mientras tanto, Izquierdo puede seguir como fiscal en Manta, ya que fue suspendido por 90 días y esa suspensión se levantó. “En los próximos días el señor estará al frente del poder punitivo del Estado”, subraya el abogado.