Un presunto delito sexual se denunció ante la Coordinación Zonal 3 de Educación. El acusado sería un niño de 11 años y la víctima una menor de 8, ambos estudiantes de la Unidad Educativa Darío Grijalva, ubicada en la parroquia de Cunchibamba, norte de Ambato.
El infante habría manoseado a la niña en el establecimiento educativo, suceso que se registró a inicios de febrero de 2023.
Pero, no fue sino hasta el 21 de marzo de 2023, que varios padres de familia se dieron cita en los exteriores del lugar, en donde solicitaron la remoción de quien, por casi un año y medio, fungía como rectora del establecimiento académico.
La madre de la víctima, quien prefirió mantener su identidad en reserva, aseguró que interpuso la queja toda vez que su hija había sido vulnerada, pero se limitó a proveer de información sobre el caso porque su abogado así se lo solicitó.
CIFRA 8 AÑOS Tiene la víctima y 11 el supuesto agresor.
Temor
Otros padres de familia, quienes también reservaron su identidad, se hicieron eco del caso. Ellos se unieron para solicitar la salida de la rectora, pedido que habría sido acogido por las autoridades y actualmente el plantel cuenta con una autoridad encargada.
“Soy exalumna de la institución y mi hermana estudia en este lugar. Aquí existen diversos abusos sexuales, acoso a las niñas por eso se pidió la revocación de la rectora, la psicóloga, unos docentes que tenían conocimiento de esto y no hicieron nada”, aseguró la mujer.
TOME NOTA Según padres de familia existirían otras cinco menores que habrían sido vulneradas por el mismo menor implicado.
Otra de las madres de familia señaló que “los hermanos del agresor continúan en la institución, eso nos preocupa porque nos han dicho que hay que esperar algún indicio de abuso de parte de ellos hacia las niñas para ahí tomar acciones y nadie quiere que les pase lo mismo a las demás estudiantes”.
“La rectora no tomó acciones pese a que tuvo conocimiento, aquí también sabemos de que entran droga, cigarrillos, alcohol y los abusos sexuales, a todo eso la autoridad de aquí hizo caso omiso porque maquilló la situación, en una reunión que tuvimos nos enteramos que hay cinco niñas más que han sido afectadas por el mismo agresor y las mamitas están cansadas de tantas irregularidades”, mencionó otra persona.
EL DATO La Hora acudió hasta la Unidad Educativa Darío Grijalva, pero en el lugar se informó que las actuales autoridades son encargadas y no tienen autorización de emitir ningún comentario al respecto del caso.
Desde el MInisterio de Educación
Paulina Salazar, coordinadora Zonal 3 de Educación aseguró que “desde el Ministerio de Educación se han activado las rutas y protocolos al 100% que tenemos cuando se detectan estas situaciones”.
La funcionaria fue enfática en que, a través de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, han adoptado medidas alternativas para separar al presunto agresor de la supuesta víctima, remitiendo medidas socioeducativas para el menor sospechoso.
“Hemos mantenido conversaciones con padres de familia por las presuntas irregularidades, que, en caso de ser corroboradas, donde algún docente o autoridad institucional haya incurrido en una acción u omisión, se tomarán las acciones pertinentes con base a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en sus artículos 132, 133 y 134, serán sometidas a proceso administrado”, explicó Salazar.
Esto, sin dejar de lado la responsabilidad penal en caso de que la hubiere. “Todo aquel que conozca de la presunción de un delito tiene la responsabilidad civil de poner en conocimiento de la autoridad competente”, agregó. (MAG)
Formalidad de la denuncia
Diana Villalba, encargada de la coordinación de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, confirmó que a través de la Coordinación de Educación el proceso reposa ante la Junta, sin embargo, por la naturaleza del caso, la funcionaria prefirió no entrar en detalles.
Villalba hizo énfasis en que la Junta no es un ente sancionador, pero sí cumple con los procesos establecidos bajo la ley para precautelar los derechos y protección de las personas en situación de vulnerabilidad.
Opinión
Mauricio Tinajero, abogado penalista, aseguró que en casos donde un menor de 12 años sea acusado del cometimiento de cualquier ilícito, es inimputable.
Es decir que no puede ser procesado penalmente ni ser privado de su libertad, pero sí puede recibir rehabilitación y asistencia social siendo sujetos a medidas de orientación, protección y tratam