Con la admisión a trámite de la demanda en el TCE en contra de Alembert Vera y Marcela Aguiñaga, empezó el forcejeo por la presentación de pruebas de cargo y de descargo.
En la prueba documental que interpuso el presidente de la Fundación de Lucha contra la Corrupción, Juan Esteban Guarderas, dentro de su demanda en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de Alembert Vera, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), y Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana por presunta infracción electoral, consta un pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que presente un informe y la transmisión de los spots publicitarios oficiales del denunciado que fueron aprobados para las elecciones seccionales de 2023.
Una vez que el juez del TCE, Guillermo Ortega Caicedo, admitió la causa a trámite, los spots publicitarios serán reproducidos en una audiencia pública cuando convoque a los sujetos procesales a interponer sus pruebas de cargo y de descargo.
“Con esto se probarán las consignas partidistas utilizadas en los spots, y se precautelará la celeridad procesal y el acceso a la justicia”.
Con este argumento, Juan Esteban Guarderas confía en que el juez falle a favor de la denuncia que interpuso, el 6 de abril de 2023, con base en el artículo 279 numeral 12 del Código de la Democracia. Dicha norma establece que las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Guarderas también incluyó una prueba pericial en la que solicita “disponer al Consejo de Comunicación un peritaje con el objetivo de tener un análisis de la publicidad utilizada por el denunciado y sus apoyos políticos de la Revolución Ciudadana y demostrar que la publicidad consistía en actos de campaña electoral, en su campaña electoral”, dice el documento del TCE.
En su fallo, el juez del TCE dispuso remitir un oficio al Consejo de Comunicación para que se proceda al peritaje solicitado por Guarderas, cuyo informe deberá ser presentado al TCE hasta el jueves 20 de julio de 2023.
Guillermo Ortega recordó a Guarderas que si el peritaje arroja algún costo, este deberá ser cubierto por quien lo solicita.
La ley Orgánica del Cpccs prohíbe a los candidatos a este organismo ser auspiciados por partidos políticos, ni impulsados por ellos. La demanda, por presunta infracción electoral, también se extendió en contra de Aguiñaga, actual prefecta del Guayas, electa en los comicios del 5 de febrero de 2023, por impulsar la campaña a favor de Alembert Vera.
Vera se defiende
Alembert Vera, quien fue abogado del expresidente de la República, Rafael Correa, actualmente prófugo en Bélgica, se defiende y dice que enfrentará el proceso, pero descarta que haya cometido una infracción electoral.
Parte de su defensa estaría enfocada en que la campaña, la grabación de los videos, los colores de la ropa y las frases que constan en el spot fueron aprobadas por el CNE.
“Aventurarse a hablar a una destitución es buscar generar cortinas de humo de personas que usan el tema como plataforma política; pero enfrentaremos cualquier proceso con la ley en la mano, esto (la denuncia) me tiene sin cuidado”, dijo Vera en una entrevista, en la que también se refirió a la querella interpuesta en el TCE por motivos similares por el abogado Bernardo Jijón por el presunto cometimiento de una “infracción electoral muy grave”.(SC)
Una declaración tergiversada
Ante la coartada de Alembert Vera en torno a que fue el propio CNE el que aprobó la campaña para los candidatos, Santiago Becdach uno de los expostulantes al Cpccs, señaló que Vera dio una declaración “tergiversada” con la que se habría puesto “la soga al cuello”.
“Los candidatos al Cpccs tenían prohibición expresa de hacer campaña, CNE no aprobó ninguna campaña, lo único que hizo el CNE es aprobar una pauta publicitaria para que se difundan las propuesta por radio y televisión”, recordó. Dijo que otra cosa es que se hayan alineado y utilizado a una agrupación política para hacer campaña.
El 23 de junio, Becdach remitió un oficio a Diana Atamaint, presidenta del CNE donde le pide certificar si el Consejo Electoral aprobó una gama de colores o frases de campaña para los candidatos a consejeros para las elecciones de febrero de 2023.
También pide al CNE adjuntar informes certificados, de existir, de que los candidatos incurrieron en infracción electoral, o indicios de infracción levantados por la Unidad de Fiscalización.
El Consejo de Comunicación deberá entregar un informe hasta el 20 de julio.
El fallo de seis páginas con la que el juez del TCE admite la demanda a trámite ya está a disposición de la partes procesales.