Juan Esteban Guarderas no descarta que si el juez del TCE extiende los plazos de “manera artificiosa” entrará al análisis de mecanismos legales, una queja o una acción penal.
El 1 de junio de 2023, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó un recurso de apelación que interpuso el excandidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Juan Esteban Guarderas, en contra de Alembert Vera, presidente de ese organismo. La causa fue remitida al despacho del juez Guillermo Ortega.
Ese magistrado, de acuerdo a sus competencias debe admitir o no a trámite la demanda, pero al denunciante Juan Esteban Guarderas -abogado y presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción- le llama la atención, y califica de “muy preocupante” que casi un mes después Ortega no dé indicios de emitir un pronunciamiento sobre su recurso de apelación.
En su demanda, Guarderas presume que Vera habría cometido una infracción electoral al incumplir la normativa de hacer campaña partidista al ser promocionado por el expresidente de la República, Rafael Correa, actualmente prófugo en Bélgica.
El expostulante al Cpccs dijo que la acción presentada se sustenta sobre la base de que los candidatos (al Cpccs) ganaron las elecciones gracias al apoyo de partidos políticos, lo cual está prohibido. “Aquella campaña fue ilegal; las autoridades de control que deberían ser neutras hacían campaña de manera conjunta con partidos políticos, demostrando falta de neutralidad de las personas que fueron electas”, dijo.
Guarderas cree que el magistrado debería agilizar los procedimientos, pero al “no ser dinámico” y no admitir la demanda a trámite está permitiendo, señaló, una gestión (de Alembert Vera) que sería irregular.
“Vera está gestionando en el Cpccs con un tiempo extra irregular e ilegal que no es justo, porque si en ese tiempo se permite que se nombren autoridades de control, sería cuestionable por el hecho de que, de manera artificiosa, se prolonga el tiempo del juicio (en el TCE)”.
Advirtió que, si el TCE sigue extendiendo y “violentando los tiempos” más allá de lo que prevé la norma legal, analizará dos mecanismos: presentar una acción de tipo electoral, denominada ‘queja’ en contra del juez; o eventualmente una acción penal. “Esta es más grave; si un juez actúa en contra de norma expresa que señala que un magistrado tiene un plazo para evacuar un trámite, estaría incurriendo en un presunto delito de prevaricato”, aseguró.
Guarderas espera que esto no sea necesario, pero no lo descarta. “Al igual que en cualquier proceso, si los tribunales se demoran, los ciudadanos tenemos a nuestra disposición mecanismos legales para enjuiciar las actividades de los jueces”, señaló.
Guarderas esperará una respuesta de Guillermo Ortega, juez del TCE, hasta el 30 de junio de 2023, caso contrario actuará. El demandante de Alembert Vera teme -aunque espera que no- que el juicio esté contaminado por presuntos cálculos políticos.
La Ley del Cpccs determina que los postulantes a este organismo no pueden estar vinculados a partidos o movimientos políticos, ni ser impulsados por ellos.
Segunda denuncia
Desde el 19 de junio de 2023, en el TCE se tramita una segunda denuncia en contra de Vera y Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, por el presunto cometimiento de una “infracción electoral muy grave” interpuesta por el abogado Bernardo Jijón; y podría estar en camino una tercera querella.
Santiago Becdach, excandidato al Cpccs, no descartó volver a presentar una denuncia en contra de los consejeros del Cpccs alineados al correísmo y que fue, dijo, “archivada” en el TCE. (SC)
Impulsar la campaña de Alembert Vera
La demanda, por presunta infracción electoral interpuesta por Guarderas también se extendió en contra de Marcela Aguiñaga, actual prefecta del Guayas, quien fue electa en los comicios del 5 de febrero de 2023, por impulsar la campaña de Alembert Vera.
Alembert Vera y los consejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos participaron en pautas promocionales utilizando los mismos colores del movimiento Revolución Ciudadana. Ellos fueron electos en los comicios de febrero de 2023.
Guarderas interpuso la denuncia el 6 de abril de 2023 con base en el artículo 279 numeral 12 del Código de la Democracia que establece que las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Los pasos del proceso
- Guillermo Ortega deberá admitir o no a trámite la demanda. Luego tendrá 15 días para resolver sobre la base del cumplimento de requisitos requeridos para la admisibilidad de la denuncia.
- Posteriormente, el denunciante y los denunciados tendrán tres días para apelar. En una segunda instancia, la causa será conocida por el Pleno del TCE.