La audiencia del alcalde Muñoz fue suspendida, sin que se estableciera la fecha para el pronunciamiento judicial. La defensa busca establecer un precedente en la relación entre funcionarios públicos y procesos electorales.
La audiencia contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por un presunto proselitismo político inició a las 10:30 de este 4 de marzo de 2024, pero se suspendió a las 15:00, sin establecer una fecha para el pronunciamiento del juez Joaquín Viteri, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Se espera que el proceso tarde un tiempo, ya que se debe realizar la transcripción de la audiencia para definir la reconvocatoria para determinar la continuación del juicio, la evaluación de pruebas o la definición de una sentencia.
En casos anteriores, como el del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, este tipo de procesos ha tomado más de seis meses.
Muñoz no se presentó en la audiencia, pero recibió apoyo de algunos concejales y asambleístas de su partido político, Revolución Ciudadana (RC), incluyendo a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, y la vicealcaldesa y concejala María Fernanda Racines.
Los denunciantes, encabezados por el consejero del Consejo de participación ciudadana y control social (Cpccs), Juan Esteban Guarderas, y la abogada Mónica Jaramillo, expresaron su molestia ante la ausencia de Muñoz. Aseguraron que el alcalde debería explicar el supuesto proselitismo en seis videos.
El destino Muñoz ahora depende del juez Viteri, quien deberá tomar una decisión sobre las acusaciones presentadas.
Influencia ‘indebida’
El juicio contra Muñoz alcanzó su fase inicial con los alegatos de Jaramillo y Guarderas, quienes buscan demostrar la supuesta influencia indebida del funcionario en las elecciones presidenciales y la violación de principios éticos en el ejercicio de sus funciones públicas.
Desde el inicio del juicio, Jaramillo destacó la importancia de garantizar la imparcialidad de los servidores públicos y evitar el uso indebido de recursos públicos para influir en procesos electorales. Afirmó que las pruebas presentadas confirman el papel protagónico de Muñoz en la campaña de Luisa González.
Los seis hechos específicos presentados durante el juicio, como la caminata al sur de Quito y la aparición en videos promocionales, intentan demostrar que el alcalde actuó como dignatario en funciones, utilizando su posición para respaldar a Luisa González. Jaramillo argumentó que Muñoz no se rige por los horarios establecidos para los servidores municipales, que el uso del transporte municipal lo confirma y que su presencia en eventos políticos, en funciones, muestra su accionar haciendo proselitismo.
En su alegato final, Guarderas destacó que el perito pudo verificar la autenticidad de cinco de los seis videos presentados, concluyendo que Muñoz actuó no como ciudadano, sino como alcalde de Quito.
Por su parte, Jaramillo insistió en que se comprobaron los hechos que involucran al alcalde y que la defensa no logró desvirtuar los alegatos. Pidió al juez que cree un precedente único, imponiendo sanciones para que políticos y funcionarios conozcan las consecuencias de sus acciones.
Defensa denuncia irregularidades
Durante el juicio contra Muñoz, el expresidente del TCE, Arturo Cabrera, fue el abogado defensor del acusado.
Cabrera argumentó que no se puede afirmar el ejercicio de funciones de un servidor público solo por el uso del transporte municipal. También cuestionó la validez de las pruebas presentadas, argumentando que los videos fueron aportados de manera extemporánea, inoportuna e irregular y, por lo tanto, deberían ser excluidos del proceso.
Otro punto de conflicto que destacó Cabrera fue la incapacidad de la abogada para comprobar la fecha de realización de los videos, afirmando que solo se pudo verificar la fecha de publicación. Además, expresó su preocupación por la falta de custodia de las pruebas, ya que, según él, Guarderas solo entregó los videos y no se pudo comprobar si fueron adulterados.
En relación al horario del alcalde, Cabrera sostuvo que, aunque el código municipal establece un horario de 08:00 a 17:00, el alcalde no está excluido del mismo, y en caso de emergencia retomaría funciones. Destacó que los funcionarios públicos también tienen derecho al ocio y la recreación, pudiendo hacer con su tiempo libre «lo que le venga en gana».
Cabrera argumentó que el perito seleccionado para revisar las pruebas lo hizo de manera ilegal, ya que el proceso utilizado para la asignación del mismo está desactualizado, y afirmó que las pruebas del perito son ilegales y deberían ser excluidas del juicio.
En su alegato final, Cabrera insistió en que ninguno de sus puntos fue comprobado y defendió el derecho del alcalde a expresarse libremente como un ser humano y ciudadano. Afirmó que, al no demostrar nada, la denuncia debería ser desechada y exigió disculpas públicas a los denunciantes, alegando que la promoción realizada en redes sociales afectó la imagen y el nivel de Muñoz como alcalde de Quito. (EC)
Conclusión del perito
La conclusión del perito designado en el juicio contra el alcalde Pabel Muñoz ha arrojado luz sobre la autenticidad de los videos.
En el análisis de los siete videos presentados durante el proceso judicial, el perito confirmó la veracidad de cinco de ellos. Sin embargo, determinar la fuente de los videos fue imposible, ya que Muñoz los había eliminado de su cuenta.
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