Alejandro Querejeta Barceló
La historia nos advierte que no hay políticas anticorrupción de izquierdas o de derechas; solo las hay buenas, que son las efectivas, y malas, las ineficaces. En consecuencia, si el presidente Daniel Noboa y su equipo quieren ir en serio en este terreno importa bastante poco de qué campo ideológico se provenga.
Para luchar contra la corrupción son imprescindibles dos principios pocas veces tomados en cuenta: la integridad y la decencia. Con el caso Metástasis o las revelaciones de los teléfonos del difunto Leandro Norero, se evidencia que con la corrupción hay desigualdad social y que en condiciones de desigualdad hay inseguridad y violencia.
Se colige de la información de estas fuentes que la falta de acciones audaces y firmes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas alimentaron a las actividades delictivas organizadas. Las atrocidades vividas por la ciudadanía durante la última década amenazaron con hundir al país en un caos irreparable.
La inequidad y la exclusión tienen a su favor la corrupción y el incumplimiento de la ley. La participación ciudadana en el combate a la corrupción debe ser lo más abierta posible, sin que la clase política imponga restricciones injustificadas.
A estos casos hay que sumar el asesinato Fernando Villavicencio, quien enfrentó la corrupción incrustada en el aparato estatal y fuera de él. Porque la corrupción se apoya sobre un sistema global de complicidades, preservar la vida de ciudadanos como él, habitualmente amenazados o perseguidos, debe estar en primera línea de la lucha contra la corrupción.
Puede haber leyes anticorrupción ejemplares, pero también habrá mecanismos de corrupción también ejemplares. Constreñir y cambiar el comportamiento de quienes la enfrentan es la estrategia del crimen organizado. El blindaje contra la corrupción, en definitiva, requiere tanto coraje como el que se tuvo al declarar la ‘guerra interna’. Ni más, ni menos.