Henry Kronfle fue elegido presidente de la Asamblea Nacional el 17 de noviembre de 2023, donde el plazo que le da la Ley para presentar la agenda legislativa y de fiscalización vence el 16 de enero de 2024.
En medio de los desacuerdos que generó entre los bloques aliados en la Asamblea Nacional (Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Acción Democrática Nacional) la propuesta del Ejecutivo de incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15%, estos sectores políticos intentan dejar a punto una agenda legislativa consensuada que debe incluir temas de legislación y de fiscalización.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en su artículo 12, ordena al titular del Parlamento elaborar la agenda anual con la participación de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidentes de las comisiones especializadas y representantes de las diversas bancadas.
Esta programación, según la norma, debe ser presentada en un plazo máximo de 60 días desde la posesión de las autoridades legislativas, la cual será evaluada cada seis meses.
Henry Kronfle fue elegido presidente de la Asamblea el 17 de noviembre de 2023, por lo que el plazo que le da la ley para presentar la agenda vence este martes 16 de enero de 2024.
En el ámbito legislativo, la agenda debe incorporar al menos cuatro temas: leyes pendientes que están para ser aprobadas en segundo debate; nuevos proyectos de ley; leyes urgentes en materia económica, que enviará el Ejecutivo; y, tratados internacionales, como el acuerdo comercial con China, y con Estados Unidos respecto de la cooperación de militares en el Ecuador, que fue anunciado por el Gobierno de Guillermo Lasso en octubre de 2023.La segunda parte de la agenda deberá incluir los juicios políticos.
Pendientes por resolver
Desde el 21 de diciembre de 2023, en la Comisión de Fiscalización se sustancia un juicio político en contra del exministro Esteban Bernal por presunto incumplimiento de funciones.
Luego, será el turno de la sustanciación del pedido de juicio en contra del vocal Fausto Murillo y el exvocal Juan José Morillo, del Consejo de la Judicatura (CJ). Este caso estará a cargo del legislador Carlos Vera.
A este le seguirá un proceso planteado en contra de Juan Zapata, exministro del Interior. Luego será el turno de Diana Salazar, fiscal general del Estado (FGE), por supuesto incumplimiento de funciones.
Y, finalmente, el de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, quien es procesado por la Fiscalía, junto a otras 30 personas, por el presunto delito de delincuencia organizada.
El 27 de noviembre de 2023, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) planteó la solicitud de juicio político a la fiscal Salazar. Mónica Palacios, legisladora de esta tienda política, ratificó que en este tema trabajarán principalmente en la interpelación a Salazar por su “negligencia e incompetencia”.
Según Palacios, “muchos de los aspectos de inseguridad que existen en el país es por culpa de ella (Diana Salazar) porque no ha fiscalizado a muchos fiscales que están a su cargo”.
En declaraciones a periodistas al inicio de la gestión legislativa, Dallyana Passailaigue (PSC) ratificó que el acuerdo con el correísmo y ADN no incluyen temas de justicia.
“Nosotros no hemos apoyado, ni apoyaremos un eventual juicio a la fiscal general del Estado, Diana Salazar”, señaló.
Jaime Guevara (independiente), en representación de 12 asambleístas, coincidió con Passailaigue, ratificando que la prioridad es apoyar la gestión de la Fiscal. “Hay poco tiempo, es un año muy corto (…), la Asamblea no puede pasar fiscalizando, tiene que generar leyes”.
Juicio a Fernando Santos y Mónica Palencia
La asambleísta Mónica Palacios también anunció la presentación de un nuevo informe en la Comisión de Fiscalización para iniciar un juicio al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, para que sea censurado en el Pleno.
Por otra parte, sus colegas Viviana Veloz y Leonardo Benalcázar tienen previsto convocar a la Comisión de Fiscalización a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia.
En cuanto a legislación, el correísmo busca implementar reformas al Código Integral Penal (COIP) para aumentar las penas en casos de extorsión.
También buscan aumentar servicios de salud gratuitos para los ecuatorianos que residen en el exterior. Según cifras de Mónica Palacios, más de 400 mil ecuatorianos han llegado a Estados Unidos. (SC)
Propuesta de Construye y el bloque de independientes
Paúl Buestán (Construye) anunció que los planteamientos para la agenda giran en torno a una reforma al Código de Trabajo, para que se institucionalice el trabajo por horas que permitirá generar empleo y dinamizar la economía.
Además, una reforma al COIP en temas “sustanciales” que no son tomados en cuenta, como por ejemplo el tráfico de influencias, que era considerado como peculado y que fue reformado en 2018, tipificando como delito independiente en el que no cabe el decomiso de bienes, ni prisión preventiva.
Al igual que un sector de asambleístas independientes, también buscan una reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria que permita al sector competir de manera legítima con la banca, para que los emprendimientos puedan dinamizarse.
Construye planteará que el proyecto de Extinción de Dominio tenga carácter civil y no esté anclada a una sentencia penal para poder decomisar los bienes. Además se apunta a fortalecer la Unidad Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Jaime Guevara (independiente) contó que la aspiración de este sector es apuntalar los beneficios de la seguridad social, más una reforma a la Ley de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que los planes provinciales de municipios o juntas parroquiales se enlacen con los planes nacionales.
En el contexto regional se plantea una reforma a la Ley Amazónica para que pueda acceder a recursos para financiar planes de seguridad ciudadana.
Cuando Henry Kronfle asumió el cargo el 17 de noviembre de 2024, anunció que hay más de 500 proyectos legislativos, asegurando que hay un consenso en la mayoría de las tiendas políticas para trabajar en la resolución de los problemas del país.