Luego del pronunciamiento de la CC sobre las 11 preguntas, el CNE tendrá 15 días de plazo para convocar a la consulta y 60 días para ejecutar el proceso electoral.
Casi 15 días después de que la Asamblea Nacional aprobó la modificación parcial al artículo 158 de la Constitución que permite que las Fuerzas Armadas den apoyo complementario a la Policía Nacional, la secretaría de la Función Legislativa remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE), el texto íntegro de la reforma para que continúe con el trámite correspondiente.
Según lo establecen los artículos 73, párrafo décimo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y 442 de la Constitución, una vez que la Asamblea aprobó el proyecto de reforma, deberá ser sometido, dentro de los 45 días siguientes (tiempo para organizar el proceso) a un referendo que deberá organizarlo el CNE para confirmar la modificación constitucional.
De acuerdo con esta disposición contenida en un oficio de dos páginas que remitió el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, al CNE el 3 de enero de 2024, el organismo electoral debería organizar el proceso hasta el 17 de febrero.
Asimismo, previo a la convocatoria que deberá realizar el CNE, el secretario del Parlamento sostuvo que también debe considerarse la aplicación del artículo 102 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que determina que cuando la enmienda, reforma o cambio constitucional se tramite a través de un referendo, existirá un control constitucional previo de la respectiva convocatoria.
Por estas consideraciones, fuentes del CNE sostienen que la pregunta del referendo constitucional y las 11 preguntas de la consulta popular anunciada por el presidente de la República, Daniel Noboa, se podrían unificar. Por la crisis económica que atraviesa el país, esto evitará que se asignen recursos por separado. En el proceso organizativo se debe considerar el tema económico y logístico.
Para ajustar los plazos, el papel de la Corte Constitucional será fundamental, pues debería utilizar los tiempos mínimos para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las preguntas enviadas por el Ejecutivo a inicios de enero.
Recursos para la consulta
Todavía con una deuda estatal pendiente de $20 millones de los últimos tres procesos electorales, el CNE cifra en alrededor de $55 millones los recursos que le representarán al país la organización de la consulta popular.
Según José Cabrera, vocal del CNE, el organismo está operativamente listo y el personal capacitado para organizar la consulta popular y el referendo sobre el apoyo militar a la Policía Nacional.
Luego del pronunciamiento de la CC, y la promulgación en el Registro Oficial, el CNE tendrá 15 días de plazo para convocar a la consulta y 60 días para ejecutar el proceso electoral.
Por concepto de los comicios seccionales, y primera y segunda vuelta presidencial de agosto y octubre de 2023, respectivamente, el Ministerio de Economía adeuda 13 millones que son requeridos para cancelar a funcionarios del CNE, que fueron contratados para esos procesos, a proveedores y medios de comunicación. A esto se suma un saldo pendiente por pagar de $7 millones al Instituto Geográfico Militar (IGM). (SC)
Apoyo de militares
El 21 de diciembre de 2023, la Asamblea aprobó la reforma al artículo 158 de la Constitución que permite que las Fuerzas Armadas den apoyo complementario a la Policía Nacional.
La reforma establece que las funciones de coordinación serán subordinadas a las disposiciones del presidente de la República y se ceñirá a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación y delincuencia organizada.
El apoyo complementario podrá brindarse cuando exista grave conmoción interna en el sistema penitenciario.
Para activar el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, previa solicitud del comandante General de Policía, convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), para elaborar un informe motivado que establezca la pertinencia, casos y el ámbito de actuación.
Con base en el informe, el Ejecutivo suscribirá un decreto disponiendo el apoyo con sujeción a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a los estándares internacionales de derechos humanos de extraordinariedad, complementariedad, fiscalización y regulación.