El alcalde de Quito apelará la decisión del juez Joaquín Viteri. Los denunciantes insistirán en la destitución para sentar precedentes.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, decidió no aceptar la sentencia de la Justicia electoral por proselitismo político. El 8 de marzo de 2024, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), lo sentenció por incumplir las reglas electorales, al utilizar su cargo para apoyar la candidatura de Luisa González (Revolución Ciudadana) a la Presidencia de la República.
Pero esa decisión le puede traer peores consecuencias. El 8 de marzo, el juez Joaquín Viteri lo sentenció a un pago de $9.200. Además, en un plazo de 30 días, debe ofrecer disculpas públicas en el programa semanal Frecuencia Quiteña, en el que informa de su gestión como alcalde.
Viteri analizó seis videos que entregaron los denunciantes. En ellos se observa a Muñoz respaldando a González. Ambos han sido personas de confianza del expresidente Rafael Correa, quien se encuentra prófugo en Bélgica.
Actitud desafiante
Luego de conocida la sentencia, el fin de semana, Muñoz utilizó la red social ‘X’ para expresar su posición. Declaró: «En términos legales, corresponde apelar esta injusticia. En términos políticos, es una barbaridad». Consideró que esta decisión sentaría un ‘precedente nefasto’, pero afirmó que continuará su labor, enfocándose en “inaugurar obras”. Además, desestimó a sus críticos y los calificó como personas afectadas por «enfermedades de odio, envidia y rencor».
Este 11 de marzo, cuando tuvo la oportunidad de ofrecer las disculpas públicas ordenadas por la Justicia electoral, insistió en que apelará el fallo. En su programa ‘Frecuencia Quiteña’, además, agradeció las muestras de apoyo de algunas personas, quienes se oponen a la idea de su destitución.
Desafiante, Muñoz planteó la necesidad de revisar el apoyo de otros líderes políticos en la campaña electoral de 2023, como prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales al actual presidente de la república, Daniel Noboa.
También rechazó la sanción impuesta exclusivamente en su contra, insinuando que habría “motivaciones personales” detrás de la decisión de quienes calificó como ‘figuretis’.
Aunque lo ha hecho en varias ocasiones, el alcalde indicó que no dedicará más tiempo a estos asuntos, señalando que tiene responsabilidades más importantes que atender.
Extensión de sentencia
A Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y uno de los dos denunciantes, le despreocupa la apelación de Muñoz. Para él está muy claro, ya que, tal como lo sostuvieron junto con Mónica Jaramillo, la otra denunciante, ayudó a González, violando la ley electoral.
Los vídeos que entregó a la Justicia fueron fundamentales. En particular, según Guarderas, la promesa de crear una Universidad del Sur en caso de la victoria de González.
Guarderas explicó que, en caso de que el alcalde finalmente decida apelar, ellos insistirán en la destitución del cargo. Para el denunciante es importante establecer un precedente sólido para evitar que cualquier funcionario, sea cual sea la procedencia, pague solamente una multa y los honorarios de un abogado para librarse de una sanción ejemplar. Guarderas está convencido que resultaría insuficiente y perjudicial para la democracia ecuatoriana si Muñoz no sale del cargo.
Afirmó que las declaraciones del alcalde equivalen a «patadas de ahogado». En su opinión, la destitución es esencial para establecer un precedente que disuada futuros comportamientos similares.
Adicionalmente, anunció su intención de continuar presentando denuncias contra otros involucrados en este tipo de conductas, como el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret.
‘Debería disculparse’
El analista de temas electorales, Medardo Oleas, considera que Muñoz cometió un error al respaldar la candidatura de su colega de partido Revolución Ciudadana, mientras ocupaba el cargo de alcalde, una acción castigada por la ley.
«El alcalde debería disculparse, pagar la multa y continuar con su labor», sugiere Oleas. Además, según él, Muñoz debería evitar conflictos, asumir su responsabilidad como alcalde y enfocarse en buscar soluciones para la ciudad en lugar de enfrentar o justificar una situación con sentencia.
¿Por qué Muñoz quiere revertir su sentencia? Según Oleas, Muñoz apelará la decisión del juez Viteri por varias razones: “No quiere admitir su error político, que es de conocimiento público. Dos, se niega a reconocer que, por instrucciones de su líder máximo, Rafael Correa, respaldó la candidatura y ordenó a todos los miembros del partido (Revolución Ciudadana) que hicieran lo mismo. Y, tres, también sostiene que Muñoz podría estar buscando posicionarse como político y aspirar a una candidatura presidencial en 2025”.
Además, Oleas opina que una disculpa pública de Muñoz podría no ser bien recibida por los quiteños, dado el deterioro institucional en Ecuador, donde los alcaldes a menudo “priorizan la política sobre las obras”, generando desconfianza en la población.
Recordó que, según el estudio de LatinoBarómetro, el 95% de los ciudadanos ya no confía en los políticos, por lo que identificarse como tal, y no como una autoridad que resuelve problemas, podría considerarse un “grave error” por parte de Muñoz. (EC)
Para Juan Esteban Guarderas, los $9.200 no son suficiente castigo, necesitan la destitución para crear un buen precedente.
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