Desde el superintendente de compañías, pasando por notarios y registradores mercantiles están en contra de esa figura que ha facilitado la creación de empresas en el país y simplificado trámites.
Durante varias comparecencias ante la Asamblea, en comisiones como la de Desarrollo Económico que trata el proyecto de Ley de Compañías, actores como el actual Superintendente de Compañías, Seguros y Valores y su equipo asesor han repetido constantemente que dejado no les convence la figura de las Sociedades por Acción Simplificada (SAS); e incluso han sido voceros del descontento que también tienen los registradores mercantiles y los notarios.
Este rechazo se da a pesar desde su creación, como parte de la aplicación de la Ley de Emprendimiento e Innovación, las SAS se han convertido en una de las formas más utilizadas para crear empresas con menos trabas, requisitos y tiempo. Bajo esta figura no se requiere de más de un accionista, un representante legal. Tampoco se tiene que recurrir, con los costos adicionales que representa, a un notario para que se perfeccione ni ningún tipo de trámite engorroso en el registro mercantil.
Según Felipe Oleas, abogado corporativo, las SAS además de ser una notable innovación, han aportado a la formalización de miles de negocios. Mientras que Juan F Román aseguró que una de las más importantes reformas legales en materia empresarial de los últimos 50 años en el Ecuador.
Los dos profesionales coincidieron en que las voces que buscan eliminar o por lo menos limitar severamente a las SAS están defendiendo mezquinos intereses económicos porque esa figura ha brindado flexibilidad y gran potencial de mejora a la creación de empresas en el país; pero a costa de que las estructurales notariales y de registradores se queden sin buen negocio cautivo.
«Lamentablemente, ni siquiera son voces reaccionarias, son un puñado de vanidosos y oportunistas, que se han convertido en la voz de dos sectores que ven afectados sus bolsillos. La idea de su creación es eliminar las barreras de entrada. País de locos perjudicar a todas las compañías solo porque algunas no tienen ‘libros sociales básicos’. En nuestro país no se debe legislar basado en la presunción de culpabilidad, sino en la de inocencia.», puntualizó Oleas.
Si se calcula que se han constituido al menos 15.000SAS constituidas, a un valor de $100 promedio de constitución, de acuerdo con Román, por lo bajo las notarías dejaron de facturar $150.000, sin contar reformas, liquidaciones y demás actos que ya no requieren de su presencia.
Asimismo, Román recalcó que antes de buscar descartar una figura que ha sido exitosa y puede seguir creciendo, los que deberían hacer las autoridades (incluido el superintendente de compañías) es avanzar en temas importantes como mayores fuentes de financiamiento para las Pymes a través de inversión de riesgo; una ley de quiebras eficiente y transparente; mayores facilidades y mejor manejo de las representaciones legales; coordinar con SRI, IESS y bancos para simplificar y concentrar los reportes de información; entre otras contribuciones positivas para el ambiente empresarial en el país.