El mandatario declaró a los centro de privación de libertad como Zonas de Seguridad y dispuso que la seguridad interna y externa sea compartida por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El presidente de la República, Daniel Noboa reconoció mediante el decreto ejecutivo 218, la persistencia de las condiciones que originaron el conflicto armado interno declarado el pasado mes de enero por lo que actualizó la normativa para el combate y neutralización de los grupos criminales y terroristas.
En este sentido, en el nuevo decreto se dispones que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas mantengan acciones coordinadas con el fin de «prevenir y erradicar la actividad de los grupos armados criminales en el territorio nacional”.
Los operativos deberán desarrollarse de forma coordinada con las autoridades competentes en el marco del derecho Internacional de los Derechos Humanos y el derecho Internacional Humanitario.
Se ordenó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional desarrollar «el despliegue operacional y táctico requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas”.
Así mismo, el decreto declaró a los centros de privación de libertad como «Zonas de Seguridad«, según lo establecido en el artículo 38 de la ley de Seguridad Pública y del Estado.
La seguridad «intramuros y extramuros» de estos centros de privación de libertad en el marco del conflicto armado interno, «estará bajo liderazgo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tendrán la responsabilidad conjunta y participarán de modo coordinado».