El Ministerio de Gobierno, con apoyo de Fuerzas Armadas, decomisó alrededor de $22 millones en maquinaria, a los mineros ilegales de Yutzupino. Ellos emitieron una acción de protección para que se les devuelva todo.
Hasta el viernes 11 de marzo de 2022 se sabrá si las retroexcavadoras serán devueltas a los acusados de minería ilegal en el río Jatunyacu, en la provincia de Napo. El juez de la Unidad Judicial Penal del Tena, Luis Eduardo Mendoza Chávez, debe decidir si da paso a la Acción de Protección interpuesta por los dueños de la maquinaria incautada.
En los operativos del 13 de febrero, en las comunidades de Yutzupino, El Ceibo y Silverio Andy se decomisaron alrededor de 148 retroexcavadoras utilizadas para extraer, ilegalmente, oro. También se retuvieron 97 motores de succión de agua, 84 motobombas, un camión, 7 teléfonos celulares, 3373 galones de combustibles, 7 envases de sustancias químicas, 12 motores y 1.040 dólares.
El 23 de febrero de 2022, los dueños de las máquinas utilizaron el recurso legal de la acción de protección con el fin de que les sean devueltas las retroexcavadoras. La audiencia del 24 de febrero fue suspendida. El juez pidió más pruebas sobre el hecho.
Para el abogado de los 12 colectivos que luchan contra la contaminación de las aguas de los ríos de la provincia, Andrés Rojas, la acción de protección no es procedente. Las máquinas deberían permanecer en manos de la Fiscalía para las investigaciones.
Colectivos responsabilizan a autoridades de Napo
El Ministerio de Gobierno confirmó a LA HORA que el proceso está en etapa de investigación fiscal, por lo que todavía no se hacen públicos los nombres de los responsables del desastre ecológico en la Amazonía, que destruyó uno de los principales afluentes del Río Napo.
Según cálculos de José Moreno, representante del colectivo Napo Ama La Vida, en la isla que se formó en medio del río Jatunyacu, trabajaban alrededor de 2 mil personas en la extracción artesanal y a pequeña escala.
Para Rojas, al extraer oro en un lugar sin tener el permiso para hacerlo ya se convierte en una actividad ilegal.
Cada retroexcavadora necesita al menos 5 personas que la operen.
Según un video compartido en redes sociales, por el periodista Hernán Higuera, hubo personas que se oponían a los controles militares en la zona.
Así está mañana ⬇️ en #Yutzupino, tras el operativo contra la minería ilegal que se realizó ayer en la zona ⬇️ pic.twitter.com/18gIWnq8fo
— Hernán Higuera (@higuerahernan) February 14, 2022
Minería ilegal se expande sin control
La minería ilegal es un delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 260. La sanción para los responsables sería prisión de cinco a siete años por extraer, explotar, explorar, aprovechar, transportar y comercializar, sin permisos de la autoridad competente, recursos mineros.
De acuerdo con Monitoring of the Andean Amazon Project, entre octubre de 2021 y febrero de 2022 la minería ilegal se expandió por 70 hectáreas dentro de la Concesión minera Confluencia (Código 400408) y Anzu Norte (Código 400443), de propiedad de Terraearth Resources, empresa ecuatoriana de capital chino que funciona en el país hace 20 años. Están dentro del proyecto Tena, que son un total de 7125 hectáreas para actividad extractiva de minerales.
Para José Moreno el daño fue a más de 145 hectáreas con alrededor de 300 cráteres en el río.
En un comunicado en su página de Facebook, Terraearth Resource asegura que, si bien la concesión les pertenece, al no tener todavía licencia ambiental “no ha participado ni ha autorizado estas actividades mineras ilegales, rechazando rotundamente comentarios que nos vinculan siendo estos totalmente falsos”.
Este diario intentó comunicarse con voceros de la empresa pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.
Colectivos reclaman falta de acción
Para el abogado del grupo Napo Resiste, Andrés Rojas, podría haber la sospecha de una complicidad entre los ilegales y la empresa concesionaria porque podría ser un “negocio redondo al seguir extrayendo el material sin responsabilidad de remediación ambiental ni declaración de impuestos”.
Colectivos como Napo Ama la Vida y Napo Resiste también acusan de negligencia a los funcionarios públicos como el Gobernador de Napo, Wilfrido Villagomez, por no poner denuncias al daño ambiental de los ríos de su provincia a pesar de que en noviembre de 2021 ya se le informó de la entrada de maquinaria a la zona de Yutzupino.
Rojas dijo que el problema es que al momento de incautar la maquinaria, esta no estaba en funcionamiento sino guardada en fincas aledañas a la zona de explotación, por lo que, de no comprobarse que fueron utilizadas en la explotación del río Jatunyacu, podrían ser devueltas a sus propietarios.
¿Cuánto cuesta una máquina?
De acuerdo al Ministerio de Gobierno, cada una de las retroexcavadoras tiene un valor mínimo de 150 mil dólares. Es decir que, solo en maquinaria pesada hay una inversión de más de 22 millones de dólares. Si a esto se le suma el valor de motobombas y los motores de succión de agua, se comprueba que el dinero que se maneja desde la minería ilegal es mucho más alto.
Para el Ministerio de Gobierno “una inversión así solo puede ser realizada por empresas o personas con capital, obviamente no vinculada a la minería artesanal”
COMUNICADO?
Ante la acción de protección interpuesta para la devolución de maquinaria incautada en Yutzupino, como @MinGobiernoEc ratificamos que pondremos todo nuestro contingente para enfrentar la minería ilegal que amenaza a la naturaleza y al bienestar de los ciudadanos. pic.twitter.com/Oin1YSu9gT— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) February 23, 2022
Se extraían alrededor 500 gramos diarios de oro, valorado en 25 mil dólares.