Corrupción, impunidad y falta de presupuesto de control allanan el camino a la minería ilegal

HECHO. En Napo se desarrolló el último mega operativo contra la actividad ilícita
HECHO. En Napo se desarrolló el último mega operativo contra la actividad ilícita

El Estado cuenta con 22 técnicos mineros, pero necesita al menos 100. Las estructuras de control están contaminadas con informantes de las mafias mineras.

El mega operativo contra la minería ilegal en el sector de Yutzupino, provincia de Napo, realizado el pasado domingo 13 de febrero de 2022, es solo el último gran episodio de una historia donde la falta de control y la corrupción son protagonistas.

Luego de casi dos años de actividades ilícitas en esa zona, las autoridades llegaron a parar la explotación financiada por mafias y estructuras criminales, como lo reconoció la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.

Bajo número de inspectores

Las razones de que los focos de minería ilegal florezcan y se fortalezcan más rápido que la capacidad de respuesta estatal son varias.

En primer lugar, la capacidad real de control es mínima. Según información proporcionada por la Agencia de Regulación y Control de Energía, actualmente se cuenta con 22 Especialistas Técnicos Mineros, los cuales en teoría deben hacer inspecciones en todo el país.

Sin embargo, Fernando Benalcázar, exministro de minería, explicó que de ese total, alrededor de 60% está concentrado en Zaruma, y ahora en Napo, lo que significa que quedan entre cinco y seis técnicos para el resto.

El exfuncionario recordó que en julio de 2020 se fusionaron en una sola todas las agencias de control en temas eléctricos, hidrocarburos y minería. Desde esa fecha se prometió que se iban a potenciar las inspecciones mineras que, por lo menos, necesitan 100 técnicos.

Sin embargo, la falta de recursos en el Estado no ha permitido hacer las inversiones necesarias.

Falta de presupuesto ayuda a las ilegalidad

La Agencia de Regulación y Control de Energía reconoció que no existe un presupuesto propio para el control de la minería ilegal, lo que deja en inferioridad económica a las autoridades frente a las mafias.

La ministra Vela puntualizó, durante una rueda de prensa el pasado 15 de febrero 2022, que en la explotación ilícita intervenida en Napo se pagaba $43 por gramo a los mineros a boca de río, pero luego las grandes estructuras criminales vendían el oro a por lo menos 50 veces más.

Esta realidad hace que el músculo financiero de la minería ilegal supere a las capacidades del Estado.

La corrupción facilita el negocio

Franklin Soria, periodista e investigador en temas mineros, comentó que la corrupción inicia desde las mismas autoridades de control minero, específicamente en los mandos medios de la ex Agencia de Control Minero (Arcom) y en las coordinaciones zonales.

“Se debe sanear a las autoridades de control y hacer un arqueo de las riquezas de los vinculados a la ex Arcom y las coordinadoras zonales. Hay burócratas de larga data que conocen todas las triquiñuelas para entregar información a las mafias”, puntualizó.

En resumen, el modus operandi es que ciertos funcionarios, con información privilegiada, ayudan a los mineros ilegales a establecer los puntos donde se puede sacar buenas ganancias con la explotación. Se tapan esas actividades mediante retrasar informes y alertas hasta que ya es imposible tapar el impacto. Luego se pasa a otra localización, y así sucesivamente.

Así, a la falta de presupuesto y personal se suma toda una estructura cooptada por las mafias detrás de la explotación ilícita.

El círculo se cierra con la impunidad

Benalcázar recalcó que en la Ley de Minería y Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establecen claramente las sanciones y la tipificación de los delitos, pero en la práctica en el mejor de los casos se sanciona mínimamente a los mandos medios de los campamentos y a los mineros.

Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, a pesar de ser detenidos con todas las evidencias, en la justicia se rebajaron sustancialmente las penas con el argumento de que las actividades ilegales eran de escala menor, para subsistencia y de nivel artesanal.

Entonces, a pesar de que la ley establece entre cinco y siete años de cárcel, a lo sumo se sentencia por cuatro o cinco meses, luego de un proceso abreviado.

“Nadie de los peces gordos jamás cae, y eso pone en evidencia que hay una gran falla en el sistema judicial”, puntualizó Benalcázar.

La justicia va lento en este tema

Por su parte, Soria añadió que solo en la fiscalía provincial del Napo hay decenas de denuncias represadas a las que no se le da trámite.

Asimismo, el General Alain Luna, luego del mega operativo en esa provincia amazónica, aseguró que es “difícil e inclusive decepcionante ver la actitud de algunas autoridades judiciales que se esconden para no dar la autorización de ingreso a esos lugares o impiden la incautación de maquinarias”. (JS)

Los principales focos de minería ilegal actualmente registrados Alto Nangaritza, Paquisha, Nuevo Quito, Zurmi Sectores Chinapintza y Pachicutza (Zamora Chinchipe); Yutzupino, Carlos Julio Arosemena Tola, Jatunyacu (Napo); El Tiink, San Luis, San Marcos, Ashao, San José de Piunts (Morona Santiago); San José, El Placer, Tobar Donoso, Selva Alegre, San José de Cachavi, Comuna Río Santiago Cayapas, 5 de Junio (Esmeraldas); Parroquia Molleturo, Proyecto Río Blanco (Azuay); Buenos Aires (Imbabura).

Se investiga las vinculaciones políticas

Durante una entrevista en Democracia Exa FM, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, recalcó que está investigando los vínculos políticos detrás de casos de minería ilegal como la última registrada en Napo.

El legislador dijo que hay evidencias de que el Gobernador de esa provincia alertó a los mineros ilícitos sobre el operativo que se preparaba. Además, aseguró que, según un informe reservado en manos del Gobierno, varias de las retroexcavadoras y maquinaria utilizada en la explotación son de propiedad de municipios como el de Tena, Archidona y Mena Tola.

Asimismo, denunció que sectores políticos en la Asamblea, comandados por el correísmo y miembros de Pachakutik, no dieron paso a una investigación conjunta entre la Comisión de Biodiversidad y Fiscalización.

“Los mismos grupos mafiosos que operaron en San Lorenzo, Zaruma y Buenos Aires, ahora están en Napo”, dijo.

Hasta establecer el real alcance de la minería ilegal en Napo, el Ministerio de Energía ordenó el cese de todas las actividades en el sector, incluidas las formales