Los dos decretos ley fueron calificados por el Presidente Guillermo Lasso como urgentes en materia económica. Ambos textos irán a la Corte Constitucional. Una de las mayores preocupaciones en la respuesta ante los desastres naturales.
El Gobierno anunció este martes la emisión de dos decretos de ley urgentes en materia económica, que buscan optimizar la gestión de riesgos ante desastres naturales y mejorar los mecanismos de administración de recursos públicos.
Así lo informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, al precisar que ambos cuerpos normativos serán remitidos a la Corte Constitucional para su revisión legal.
El presidente Guillermo Lasso suscribió ambos decretos a menos de tres meses para que concluya su mandato, recortado a la mitad por él mismo cuando decidió aplicar en mayo pasado el mecanismo constitucional de «muerte cruzada», por el cual disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) y convocó a elecciones anticipadas.
La Secretaría de Comunicación, en un comunicado, aseguró que el «Decreto Ley sobre Gestión de Riesgos y Desastres» se plantea ante el peligro de que el país fuera afectado por eventos naturales como el fenómeno de El Niño, inundaciones o terremotos, entre otros.
«Los impactos por desastres afectan severamente a la planificación para el desarrollo y a las inversiones destinadas para reducir la pobreza y la desigualdad», sostuvo el Gobierno para justificar la urgencia para la emisión del decreto.
La propuesta pretende «institucionalizar y normar la gestión del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, para ejecutar acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación de las emergencias y desastres«.
También regular las acciones que deban adoptar los comités de operaciones de emergencias, organismos integrados por autoridades nacionales y locales para atender eventos emergentes.
El decreto propone crear «la declaratoria de estado de alerta» y «la declaratoria de desastre», ambas medidas orientadas a la ejecución de «acciones de prevención y respuesta frente a contingencias naturales».
Se propone, también, «un mecanismo de regularización de tierras e infraestructuras camaroneras (fincas de reproducción de camarones) que permita al Estado recaudar recursos para enfrentar emergencias y a los propietarios de los bienes tener un patrimonio para que los respalde».
El decreto ley también pretende «crear la figura del decomiso administrativo especial» como «medida cautelar de carácter preventivo para que bienes, maquinarias, equipos, insumos y vehículos incautados en operativos contra la minería ilegal se utilicen en el marco de la gestión de riesgos».
Además, «elimina el informe de pertinencia de la contratación pública para contrataciones en emergencia, que actualmente amplía los plazos de la contratación de bienes y servicios; y que, en caso de desastres naturales, debe ser lo más ágil y expedita posible», agregó el Gobierno.
La iniciativa para las finanzas públicas
Sobre el «Decreto Ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas«, la Secretaría de Comunicación explicó que la norma plantea «reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas».
Con ello, el Gobierno busca «actualizar y reformar procesos que permitan el funcionamiento, administración, seguimiento y control del Sistema Nacional de Finanzas Públicas para que el manejo de las cuentas fiscales garantice el cumplimiento de los objetivos económicos«.
Además, con esa propuesta se busca «que la gestión de las finanzas públicas se realice de forma ordenada y transparente, impulsando el equilibrio y sostenibilidad de las cuentas fiscales», añadió la fuente.
El decreto «contempla adecuaciones normativas ante imprevistos que pueden ocasionar efectos negativos en las finanzas públicas, considerando las responsabilidades que tiene el Ejecutivo en cuanto a su gestión y administración», sostiene el texto de la Secretaría de Comunicación.
Asimismo, consideró que las propuestas legales permitirán brindar «claridad sobre los procedimientos e interacciones institucionales a fin de que se implemente una gestión de riesgos integral y articulada entre todo el sector público». (EFE)