Desde el inicio de la actual legislatura, cuatro procesos han terminado en censura de funcionarios. Actualmente, tres solicitudes están pendientes de trámite.
En un poco más de ocho meses desde el 24 de mayo 2021, la Asamblea Nacional ha llevado a cabo cuatro juicios políticos que terminaron en censura y destitución; tres procesos archivados, uno a un paso del archivo y tres solicitudes de interpelación pendientes. Esto representa que cada mes se solicita o tramita, en promedio, un juicio político.
Los cuatro procesos que llegaron al pleno de la legislatura, y a la censura del funcionario, fueron en contra del contralor subrogante, Pablo Celi; del exministro de Energía René Ortiz; del defensor del Pueblo, Freddy Carrión; y, del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia.
En el caso de Ortiz, en primera instancia se archivó el proceso , pero se lo retomó de manera inmediata y terminó con la censura.
Una suerte distinta tuvieron los cinco pedidos de juicio en contra del exministro de Economía, Richard Martínez. Esos pedidos se venían arrastrando desde la anterior legislatura, pero no se aprobó su trámite y se acabó el plazo legal de un año.
Norma Bucheli, politóloga, comentó que los asambleístas han encontrado en este tipo de procedimientos de fiscalización una forma de lavarse la cara de su mal desempeño.
«Ha sido pública y notoria la falta de diligencia para tratar leyes que han sido presentadas por el anterior y actual Gobierno en temas como educación superior y seguridad, entre otros. Además, cuando han tramitado una normativa, como la reforma tributaria, ha quedado un mal sabor de boca por el manejo y el resultado final», dijo.
Juicio Político a superintendente de Bancos está a un paso del archivo
Luego de más de un mes de comparecencias, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó, durante el 7 de febrero 2022, el informe en el marco del juicio político a la superintendente de Bancos, Ruth Arregui.
Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el documento fue aprobado con la recomendación del archivo del proceso iniciado por el legislador Darwin Pereira del movimiento Pachakutik.
Arregui enfrentó ocho acusaciones relacionadas con falta de control en operaciones no autorizadas como Big Money; así mismo se intentó endilgarle responsabilidades por inexistencia de sanciones en casos de cobros indebidos en el sistema financiero y los problemas de ciberseguridad registrados en el Banco Pichincha.
Según el informe aprobado por la mayoría, no se probaron las responsabilidades directas de la superintendente. El pleno de la Asamblea debe votar para acoger la recomendación de archivo del juicio político o no.
Cuatro procesos en fila para trámite
Desde el año pasado, la Comisión de Fiscalización tiene pendiente el inicio del trámite de juicio político contra el procurador del Estado, Íñigo Salvador; y, en contra de cuatro integrantes del Consejo Nacional Electoral y un exconsejero.
Sin embargo, el 11 de febrero 2022 se sumó a la lista de espera el proceso para investigar las actuaciones del contralor del Estado subrogante, Carlos Riofrío. La solicitud presentada por el asambleísta de Unión por la Esperanza (Unes), Ronny Aleaga, se basa en un supuesto incumplimiento de funciones.
Aunque todavía no se hace el pedido formal, en los próximos días también se sumará el juicio político contra la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
En una rueda de prensa de representantes Partido Social Cristiano (PSC), Unión por la Esperanza (Unes) y (Pachakutik) se aseguró que cuenta con 80 firmas de respaldo de casi todas las bancadas, menos del oficialismo, para esta solicitud.
En concreto, el proceso es en contra de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, por haber modificado el reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado que había sido aprobado en agosto de 2021.
Sin embargo, el trasfondo es la reciente pugna de poder y cambio de presidente y vicepresidente en el (Cpccs). (JS)