La segunda ley económica del Gobierno de Daniel Noboa, que acaba de ser aprobada por la Asamblea, hará más caro el fondeo externo de los bancos privados y profundizará la desaceleración en la concesión de créditos. Además, podría desincentivar la inversión extranjera.
La recientemente aprobada Ley Orgánica de Competitividad Energética incluyó una disposición transitoria que establece:
“durante el período de un año contado a partir de la publicación de la presente ley, la exoneración establecida en los numerales 3 y 8 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador no será extensiva para la banca que cuente únicamente con capital privado. En el Reglamento a esta ley se establecerá el alcance de esta limitación”.
Con la aprobación de esta disposición transitoria se elimina la exención del cobro del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en los pagos de dividendos de créditos provenientes del exterior.
Esto, según Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), tiene un efecto perjudicial para las instituciones financieras, pero sobre todo para las personas y empresas en el país.
«Al eliminarse esta exención, es decir, al obligar solamente a los bancos privados pagar el ISD en las transferencias al exterior que realizan cuando cancelan los créditos que logran traer al país, se encarece de forma muy importante el financiamiento externo. Dado que los recursos que los bancos privados buscan en el exterior sirven para financiar a las familias y emprendedores del país, esta medida agudizará los problemas que ya existen en el flujo de financiamiento para todos los segmentos de la población», dijo.
Llueve sobre mojado
En efecto, se agudizará el problema dado que actualmente el crédito ya se encuentra creciendo muy lentamente. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos, la cartera de crédito alcanzó los $42.129 millones a diciembre de 2023, un incremento anual de 9,2%, el equivalente a $3.540 millones adicionales.
Sin embargo, existe una desaceleración en la entrega de crédito comparada con años anteriores. Por ejemplo, a diciembre de 2022 se había registrado un crecimiento anual de 14,6%, es decir, existe una desaceleración de más de cinco puntos porcentuales durante el último año.
Este bajo crecimiento, de acuerdo con Rodríguez, es producto de la limitada liquidez que existe en la economía ecuatoriana y.
Esa limitada liquidez es consecuencia, entre otros factores, de la inseguridad que se vive en el país y que afecta la operación de todos los sectores productivos, de una economía con bajo crecimiento y del déficit fiscal que impacta negativamente en la cadena de pagos de proveedores del Estado.
Con la transitoria tercera de la Ley de Competitividad Energética, la entrega de créditos tendrá un crecimiento aún menor.
La razón de fondo es que se hace aún más difícil la llegada de nuevos recursos de financiamiento e inversión al país, muchos de los cuales provienen de organismos multilaterales y se destinan al financiamiento de grupos vulnerables, mujeres, jóvenes, microempresarios y también para impulsar las iniciativas destinadas a enfrentar el cambio climático y el cuidado ambiental.
Entre 2020 y 2023, la banca logró atraer más de $2.000 millones de dólares en financiamiento desde el exterior:
Es decir, en la práctica, este cambio aumentará la exclusión financiera de grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes y emprendedores, debido a que no tendrán acceso a financiamiento formal, e indirectamente impactará en la recaudación de impuestos para el Estado.
Con esto concuerda Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, que explicó que el resultado será financiamiento más caro y escaso.
«Asambleístas aprobaron cobrar ISD a los créditos que se obtengan del exterior. ¿Saben quién pagará esos impuestos? Quien solicite un crédito, que ahora que será más caro y más escaso«, puntualizó.
A todas las trabas que ya existen para la inclusión financiera, que incluyen la política de techos de tasas de interés, se suman decisiones de última hora en la Asamblea.
La inversión extranjera también sale golpeada
La disposición transitoria tercera de la ley de Competitividad Energética también castiga al inversionista extranjero que ahorra sus recursos en una entidad ecuatoriana, puesto que, por efecto de la ley aprobada, cuando este inversionista, que también traía sus recursos desde el exterior (y se canalizaban a la entrega de más créditos) ahora deberá pagar el ISD sobre sus rendimientos, lo que ahuyentará la llegada de recursos frescos que tan necesarios son en la coyuntura de liquidez actual.
Esta situación, de acuerdo con Carlos Robalino, abogado tributario, representa un contrasentido en la ley que el Gobierno de Daniel Noboa ha vendido como un mecanismo para atraer inversión privada para un sector eléctrico en crisis.
Además de todo esto, el presidente ejecutivo de la Asobanca acotó que lo decidido por la Asamblea es incluso inconstitucional por dos razones fundamentales.
Por un lado, el proyecto de ley original enviado por el presidente Noboa no contenía esta disposición transitoria, es decir, este cambio fue incorporado por la Asamblea, violando el principio de que únicamente el Señor Presidente tiene la potestad de proponer la creación de nuevos tributos.
Y, por otro lado, esta norma viola el principio de unidad de materia, cuando en una nueva ley cuyo eje temático es el aspecto energético (Ley de Competitividad Energética), se incorpora este aspecto tributario que no guarda ninguna relación con el mismo.
«En definitiva, la aprobación de esta disposición transitoria, incorporada en último minuto, ocasionará efectos adversos en la colocación de créditos en el país, impactando en la inversión extranjera y también en quienes más necesitan financiamiento en la coyuntura actual», concluyó Rodríguez. (JS)