El Director del Sistema Carcelario habla sobre las ayudas internacionales, el plan 2025 para contener la violencia carcelaria y cómo afecta la crisis política. Lea esta entrevista.
Guillermo Rodríguez es un coronel en servicio pasivo de la Policía que lleva nueve meses en el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). La experiencia que obtuvo en los 25 años que pasó en esa Fuerza le ha servido para sostener un equipo que no se ha doblegado ante la violencia de las bandas delincuenciales.
Los planes, que se manejan con gran sigilo, tienen acciones de todo tipo. Desde ayudar a los presos para que se eduquen hasta organizar operativos sorpresa de control y reformas arquitectónicas en las cárceles. Cuenta con ayuda extranjera, que ha consistido en capacitación y tecnología. Y, también, con el apoyo de los uniformados de Fuerzas Armadas y Policía.
Él, quien es el quinto Director en el período del presidente Guillermo Lasso, asegura que la misión de controlar las cárceles es de “alto riesgo”. En un diálogo con este diario, de casi dos horas, expuso con detalle lo que se ha hecho y lo que queda sobre la mesa para las autoridades que llegarán con el cambio de Gobierno. Lea un extracto de la entrevista, realizada antes de la última masacre en la Penitenciaría.
P. La seguridad de algunos funcionarios el SNAI está comprometida por acciones de Lobos y Tiguerones. ¿Cómo cuida a ese personal que está detrás de estas operaciones en las cárceles?
Nosotros hemos tenido un acercamiento con la Dirección de Inteligencia de Policía Nacional. Además, creamos una Dirección de Inteligencia de SNAI, que es un subsistema de Inteligencia del Centro de Sistema de estratégico del Estado. Hemos hecho análisis de riesgos de los servidores, de los funcionarios.
P. ¿Y cuál es el riesgo?
El riesgo es elevado, porque las decisiones que se toman.
P. ¿Qué significa un riesgo elevado?
Que la vida está en peligro, así como también la de su círculo familiar.
P. ¿Cuántas personas son?
Nuestros directores ya tienen un nivel de riesgo. Y depende también del lugar donde ellos están prestando servicio. Por ejemplo, el director del recinto de máxima seguridad, conocido como La Roca, tiene un nivel de riesgo muy elevado. Todos los directores de los centros penitenciarios de Guayas están calificados con alto riesgo. Ellos a su vez tienen asignados equipos de seguridad de la Policía, un vehículo blindado y realizamos coordinaciones con la Dirección de Inteligencia entrenamientos permanentes. Esto les permite a su equipo cumplir la misión.
P. ¿Qué es lo que provoca este riesgo?
Las decisiones que se toman para romper las economías criminales.
P. ¿Cuál ha sido la más complicada?
Lamento recordar, porque es mi compañero de toda la vida, al exdirector Santiago Loza. En ese caso organizaciones querían mover a su antojo a internos. O que se les acomode o que no se les traslade o quieran tener su sitio de mando y dirección. Hacía un trabajo honesto, transparente. Sin prestarse a temas de corrupción. Porque también hay gente que se puede prestar a temas de corrupción.
P. ¿Él se negó a colaborar?
Y, a más de eso, es un mensaje al Estado: si tienes gente como ésta, o sea, que no se quiebre, podemos irnos contra él. Pese al riesgo hay gente que se ha mantenido. Mire, en otros casos hemos tenido que esperar hasta tres meses para que un nuevo director se haga cargo. Y en esa corresponsabilidad, justamente, tuve una reunión con el Secretario de la Administración. El Presidente ofreció elevar el nivel salarial para los directores. Se debe compensar su nivel de riesgo porque cambia la vida.Incluso hay otros gastos: seguridad para la familia, temas jurídicos y judiciales por posibles demandas. En mi caso, tengo dos juicios por traslados de dos PPL, cuando se ha cumplido la orden de la Justicia.
P. Es innegable de que pasan explosivos, armas, licores y cosas prohibidas. Hay funcionarios involucrados. ¿Qué se ha hecho para controlar la corrupción?
Primero, hay procesos administrativos que se detectan. Tenemos vigilancia electrónica que la hemos manejado con reserva. Se hizo una inversión el año anterior y tenemos dos centros de comando y control. Hemos encontrado a personas que reciben plata de los PPL. Que incluso permiten objetos que no deberían entrar. Inmediatamente, con la evidencia, hay un proceso administrativo para sacarles de la institución.
P. ¿Qué se hace para evitar a ese tipo de funcionarios?
Avanzamos en el proyecto de una Unidad de Confianza, con polígrafos, estrés de voz. Incluso, buscamos cambios legales para que esto pueda ser aplicado por nosotros y no solo por la Policía. Que la gente que venga a trabajar con nosotros sea un perfil de primer nivel, que actúe con transparencia. Que tenga vocación. Puedo presentar caso por caso de mi Subdirector, que es un oficial en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. Así coordinamos con Fuerzas Armadas o con Policía Nacional. El Subdirector de Seguridad, no voy a dar el nombre, trabajó en unidades especiales. Es gente que se la juega. Él, por ejemplo, tuvo una amenaza fuerte, le vieron como objetivo militar. En esa época no teníamos vehículos blindados y, en el que teníamos, lo trasladamos. Todo esto ha generado una buena cohesión entre las personas de altos cargos.
P. ¿Cómo se trabaja el eje preventivo ante posibles masacres?
Justamente con trabajos de Inteligencia. Se trabaja con las instituciones del Estado. También la institucionalización del servicio, hemos capacitado. Crear nuevos espacios adecuados para la gente. Eliminar esta denominada “autogestión”, donde posiblemente una persona privada de libertad conseguía materiales para hacer pintura… Pero el Estado es el que tiene que estar ahí. Hay que legitimar las actuaciones con sus procedimientos, porque una cosa es lo legal y otra cosa es lo legitimado. Queremos que se preparen, se contagien de la cultura, en temas para la reinserción en la sociedad. Hay una realidad: personas armadas, personas que han ingresado objetos prohibidos. Ellos deben sentir que los equipos de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional y del Servicio Penitenciario, están para entrar, buscar y desarmar. O sea, que no sientan que es un lugar con el que ellos están cómodos.
P. ¿Hay una disminución de objetos prohibidos que se encuentran dentro de las cárceles?
Sí. Eso se está viendo en los centros donde ya realizaron los operativos, y se vuelven a ejecutar. Nosotros estamos en una fase donde primero vamos a cubrir todos los centros y volver a hacer los operativos. Pichincha, Imbabura, Sucumbíos, Cañar, Los Ríos. No existe ni un centro donde no se haya hecho una requisa; y luego se regresa. En la Cárcel de Mujeres del Guayas lo hicimos con nuestras propias fuerzas y, al regresar, cuando la directora Mishel Mayorga sufrió un atentado, ya no encontramos lo mismo de la última vez. Hay un plan de intervenciones. El proceso de violencia de nuestros intramuros empezó en junio del 2019, cuando estalló, hasta este 2023. Inició antes del gobierno del presidente Lasso. Usted tiene ya tres eventos en el 2020. Tiene un evento fuerte, con 79 fallecidos, en febrero del 2021. Pero luego usted ve esta curva, cómo comienza a descender.
P. ¿Pero hay riesgos?
Hay centros donde posiblemente hay más riesgo de un enfrentamiento. Por eso es que usted ve las barreras físicas de infraestructura para dividirlos y esto no se logra de la noche a la mañana. En Guayaquil hay el plan para hacer dos pabellones para mujeres, también para el control de la drogadicción. Entonces, hay dos pabellones donde vamos a desconcentrar y se golpeará a la economía criminal. Porque ellas obtienen la droga. De seguro vamos a tener resistencia.
P. ¿Qué tan importante es el apoyo italiano, brasilero, de la Unión Europea, y de los Estados Unidos?
Fundamental porque aporta para fortalecer las capacidades. Usted sabe que, lo más importante en una organización es el talento humano. Si usted tiene personas capacitadas y con conocimiento, van a poder desarrollar proyectos.
P. ¿En qué consiste el apoyo europeo?
En Europa nos apoyaron con capacitación en temas penitenciarios. Además en el tema normativo. Hubo un taller con jueces sobre garantías penitenciarias, porque se puede liberar a personas que no lo merecen. Entonces, todo esto se complementa a través de Eures.
P. ¿Tecnología también?
Nos están ayudando con tecnología, con drones y antidrones. En octubre se estaría renovando el convenio con Estados Unidos. Con Eures fue por un año y medio, pero ellos también viene una segunda etapa porque han visto que hay resultados. Eso puede llegar hasta el 2025. Podíamos haber bajado los brazos, pero no.
P. ¿Le preocupa dejar este cargo?
Nos hemos jugado con mucha gente. Seguramente mi vida ya cambia después de esto. Uno no puede andar tranquilamente en la calle. Igual para nuestros servidores, nuestros funcionarios. Hay un curso en Estados Unidos que se llama Técnicas de Supervivencia Policial, con eso uno tiene la costumbre de estar el código amarillo, siempre alerta. Nuestra gente siempre está capacitándose. La vida cambia y va a cambiar para el resto de gente. La seguridad no es un tema de gobierno, la seguridad en el sistema penitenciario y cambiarlo debe ser un tema de Estado.
P. ¿Qué implica el cambio de Gobierno en sus planes?
Las puertas están abiertas. Nos hemos reunido con autoridades, como los alcaldes de Chimborazo e Imbabura. En Ibarra tenemos un centro de 1914, con un hacinamiento que supera el 60%, viven en una situación inhumana. Pese a eso, se ha podido darles algo de dignidad. Se realizaron arreglos interiores y exteriores. Piso, una visera, área de juegos, potenciar la biblioteca. Hemos hecho readecuaciones. Al final del día sí va a quedar esa sensación de haber querido hacer mucho más. Pero el tiempo no ha alcanzado. Aunque hemos dejado levantando estos procesos, estudios.
P. ¿Qué le diría a su sucesor?
Ingresar aquí debe ser una decisión personal. Mi tarea es que al momento que alguien nuevo venga acá, esto funcione como un reloj. Nos reunimos con la gente que es de carrera, y les decía que, al ser las personas que se van a quedar, trabajemos por ellos mismos. Que se sientan orgullosos y que dejemos sostenible esta institución. Entonces, que no dependa de las personas, sino que esto ya sea un tema institucional. Esta institución será un ministerio, hemos levantado procesos. Pero todo debería seguir mejorando, siempre deberían seguir mejorando. A la nueva dirección le sugiero que privilegie lo técnico.
P. ¿Hay que temerles a las mafias que introducen la droga, las armas, licores, en los camiones con doble fondo, a Los Lobos, Tiguerones, Águilas, todos estos delincuentes?
Hay que enfrentarles; en lo personal siendo transparentes. Ni sentándose ni favorecer a ninguno. Saber que el Estado está sobre las personas y que el sistema de rehabilitación es para una mejor rehabilitación. Pero tampoco uno va a obedecer intereses particulares.El interés es generar buena convivencia, desarrollo, pero jamás por un interés de una organización crimina. Yo no me he sentado ni con los unos ni con los otros, porque no podemos estar condicionados. Ellos han observado, durante todo este tiempo, que los propósitos han sido claros y objetivos. (DLH)
31 guías penitenciarios han sido destituidos por corrupción en 2023