La meta es que la Reforma a Ley se apruebe de forma inmediata. Sin embargo, la propuesta aún no ha sido calificada.
El presidente Guillermo Lasso pidió a la Asamblea Nacional aprobar el proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) de manera urgente y en un periodo de 60 días.
“Este proyecto de Ley, con todo respeto a los asambleístas, debe tramitarse y aprobarse de forma urgente, sin perjuicio de que luego se hagan reformas más amplias”, dijo Lasso el pasado 17 de agosto.
Sin embargo, el proyecto aún no llega ni al Consejo de Administración Legislativa (CAL), encargado de calificar o desechar la propuesta de reforma; pero ya enfrenta el rechazo de las bancadas legislativas de Pachakutik (PK) y Unión por la Esperanza (Unes).
Las dos bancadas, que suman 58 de los 137 asambleístas, han criticado la propuesta del presidente Lasso que tiene nueve artículos, tres disposiciones transitorias y una derogatoria.
Los puntos sin consenso son la gratuidad, la admisión y nivelación; y las funciones del Consejo de Educación Superior (CES).
Según los coordinadores de las dos bancadas, Rafael Lucero (PK) y Paola Cabezas (Unes), la propuesta del Ejecutivo violenta el principio de gratuidad porque se autoriza el cobro para los cursos de nivelación; se reduce el presupuesto a las universidades y se cesa al Consejo de Educación Superior, ente encargado de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la prohibición de lucro. Solo el punto tres no es parte de la propuesta de reforma del Ejecutivo.
Para evitar este escenario, la ministra de Gobierno Alexandra Vela anunció hace unas semanas que iba a dialogar con las bancadas antes de presentar el proyecto. No obstante, este diálogo no se concretó con Pachakutik ni Unes. Con el movimiento de Izquierda Democrática (ID) hubo un acercamiento mediante la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), pero tampoco han logrado reunirse, comentó Alejandro Jaramillo, coordinador de la bancada de la ID.
En medio de estos disensos, el Gobierno apuesta a la aprobación del proyecto, pero no solo se enfrenta a la falta de apoyo político; sino también a lista de nueve propuestas de reformas a la LOES que se encuentran en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.
Esta Comisión prevé sesionar el próximo miércoles para resolver si unifica o no los nueve proyectos y avanza a la fase de comparecencias de expertos, autoridades y académicos o esperan a las tres propuesta de reforma a la LOES que aún no llegan al CAL. Una de esas propuestas todavía no calificada es la del Ejecutivo, las otras dos corresponden a la bancada de Pachakutik.
Los filtros sin mayoría que debe sortear el Ejecutivo
La reforma a la LOES del Ejecutivo se encuentra ahora en la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que enviará su informe no vinculante al CAL, conformado por siete asambleístas: 3 de Pachakutik; 2 de Unes; 1 de la ID; y 1 de CREO, este último movimiento del presidente Guillermo Lasso.
El Gobierno necesita cuatro votos para que el proyecto sea calificado y enviado a la Comisión de Educación. Lugar donde no logró colocar ni un representante del partido de Gobierno.
La Comisión está conformada por Manuel Medina (PK), presidente; Amparo Guanoluisa (ID), vicepresidenta; y los asambleístas Diego Esparza Aguirre (In); Zolanda Plúas (PSC); Ramiro Frías Borja (ID); Darwin Pereira e Isabel Enrriquez (PK); Ana María Raffo y Mariuxi Sánchez (Unes).
En este espacio es donde se definirá que se aprueba o no para el informe de primer debate que se enviará al pleno de la Asamblea Nacional. (MC)
Puntos que se cuestionan de la reforma
– Gratuidad
En el proyecto se mantiene la gratuidad de la educación superior pública en el tercer nivel, con criterios de responsabilidad académica de los estudiantes. Esta gratuidad se pierde sí incumple determinados requisitos.
– Admisiones y nivelación
Cada institución de educación superior podrá implementar las directrices y criterios del Sistema de Nivelación y Admisión. Para los postulantes que no lograron el ingreso, las instituciones podrán ofrecer cursos preparatorios. Los costos de estos cursos serán establecidos por cada universidad, en concordancia con el órgano rector de la política pública, pero no es de carácter obligatorio.
En la ley vigente se establece que estos cursos son financiados por el Estado.
– Competencias del CES
En el proyecto se plantea que el Consejo de Educación Superior (CES), ya no tenga la atribución de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la prohibición de lucro. Se eliminan los informes anuales y las auditorías externas que deben realizar las instituciones para remitir al CES. También se eliminan las multas y sanciones en este ámbito.
Se reestructura la conformación del CES. La reforma plantea que el Consejo de Educación Superior está conformado por cinco representantes del Ejecutivo con voz y voto; nueve académicos con voz y voto; y un representante de los estudiantes con voz y sin voto.
En la ley vigente son cuatro representantes del Ejecutivo, seis académicos y tres representantes de los estudiantes.
También varía la entidad que conforma el CES. Por ejemplo, con la ley vigente esta competencia recae en el Consejo Nacional Electoral. Este organismo mediante un concurso público realiza la designación.
En la reforma se propone que la elección de los integrantes del CES se realizará mediante colegios electorales conformado por tres universidades; un instituto y una federación de estudiantes convocados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt).