El juicio no se ha podido instalar contra los involucrados en la irregular comercialización de pruebas PCR.
El proceso por presunta delincuencia organizada, en el que se involucra al expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y a cinco personas más, experimenta trabas y dilaciones, mientras que la medida de prisión preventiva está por caducar.
Por pedido de la defensa de dos de los procesados, la audiencia preparatoria de juicio ya se ha diferido por tres ocasiones, denuncia la Fiscalía.
La diligencia debía instalarse a las 09:00 del 22 de mayo de 2021, pero la jueza de la Unidad Judicial Penal, María Elena Lara, fue recusada por la defensa de los Bucaram.
Ante esto, la Magistrada dispuso que se remita el proceso a la Sala de Sorteos de la Unidad Judicial Penal, para que otro juez continúe sustanciando el caso.
Mientras esto sucede, el próximo 12 de agosto de 2021 caduca la prisión preventiva de Leandro Germán B., exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), involucrado en el caso.
Esta medida está vigente desde el 13 de agosto de 2020. Según el artículo 541, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la prisión preventiva no podrá exceder el año, cuando el delito supera los cinco años de prisión.
En delincuencia organizada, la sanción establecida implica una pena privativa de la libertad de siete a diez años.
Por su parte, Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram cumplen con arresto domiciliario (por edad, el primero) y prisión preventiva en su vivienda, respectivamente.
La medida cautelar de este último, se dictó acorde a la decisión emitida dentro de una acción constitucional de hábeas corpus, sobre la que la Corte Provincial de Pichincha resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia del juez.
Aplazamientos anteriores
Este no es el primer incidente que sufre el caso. El 10 de diciembre de 2020, Jacobo Bucaram ya planteó una recusación en contra de la jueza Ana Lucía Cevallos, quien para entonces era la encargada de sustanciar la causa.
Tras ser recusada, el proceso pasó –por sorteo– a la jueza María Elena Lara.
El 22 de diciembre de 2020, Fiscalía solicitó a la jueza Lara que señale fecha y hora para la instalación de la audiencia preparatoria de juicio.
Ante la falta de una respuesta, el 2 de febrero de 2021, Fiscalía insistió en su solicitud, por lo que la primera convocatoria a la audiencia preparatoria de juicio se señaló para el 31 de marzo de 2021.
Sin embargo, un día antes, la jueza Lara la difirió para el 15 de abril, atendiendo un pedido de la defensa de los Bucaram.
La mañana del 22 de mayo tampoco se instaló la audiencia. La jueza Lara volvió a aceptar el pedido de diferimiento de los mismos abogados.
La diligencia que sí se desarrolló fue una de procedimiento abreviado, en la que Kléver A. y Jhonny S., exagentes de la AMT, fueron sentenciados a cinco años de prisión, tras haber aceptado los hechos que Fiscalía les atribuyó por delincuencia organizada.
El 16 de abril de 2021, la jueza Lara fijó para el 13 y 14 de mayo la instalación de la audiencia preparatoria de juicio. Advirtió a las partes que de no comparecer los abogados de la defensa, se contaría con defensores públicos.
No obstante, el 12 de mayo de 2021, la jueza Lara negó un pedido de diferimiento interpuesto por Leandro B. Ese mismo día, a escasas horas de la instalación de la diligencia, volvió a aceptar otra solicitud de aplazamiento planteada, otra vez, por la defensa de los Bucaram. Entonces, todo quedó fijado para el 22 y 23 de mayo.
Sin embargo, debido al incidente de recusación presentado en su contra y notificado tres días antes de la fecha fijada para la diligencia, se espera que un nuevo juez señale el día y hora para instalar la audiencia, antes de que fenezcan las medidas cautelares.
Acusados en medio de la pandemia
Este caso está relacionado con presuntas irregularidades en la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para detección de Covid – 19. Los hechos habrían ocurrido entre marzo y junio de 2020, pero cuyas consecuencias –para pretender dar una apariencia de legalidad al accionar de los procesados– se habrían extendido a octubre de 2020, en las provincias de Pichincha, Guayas, Esmeraldas y Santa Elena.
En esta causa están procesados también –en calidad de autores– los extranjeros Sheinman Oren y Shy Dahan, este último asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral. (JS)
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