EE.UU. prohíbe la entrada a Abadalá Bucaram y su familia

El excéntrico político fue destituido en 1997 por el Congreso ecuatoriano de entonces.

El Departamento de Estado justificó la decisión en la implicación del expresidente en actos de corrupción de los que -dice- aún no ha dado cuentas adecuadamente.

WASHINGTON. El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este miércoles (9 de marzo de 2022) la prohibición de entrada al país del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram, así como a su esposa e hijos, por «múltiples» actos de corrupción durante su mandato.

En un comunicado enviado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se acusa a Bucaram (agosto 1996-febrero de 1997) de «malversación de fondos públicos, aceptar sobornos e interferir con procesos públicos«.

«El expresidente Bucaram aún no ha rendido cuentas por su traición de la confianza pública», señaló el funcionario estadounidense.

Como consecuencia de su inclusión en la lista de funcionarios de gobiernos extranjeros involucrados en corrupción, Bucaram, de 70 años, no podrá viajar a Estados Unidos.

La prohibición afecta también a su esposa, María Rosa Pulley Vergara, y sus hijos Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, Abdalá Jaime Bucaram Pulley, y Michel Abdalá Bucaram Pulley.

«Esta designación reafirma el compromiso de Estados Unidos para combatir la corrupción que socava la confianza del pueblo ecuatoriano en sus instituciones democráticos», concluyó Price.

Líder del ahora extinto Partido Roldosista Ecuatoriano, Bucaram fue derrocado en 1997 por parlamentarios por supuesta «incapacidad mental para gobernar» sin examen médico ni derecho a la defensa.

Posteriormente, estuvo dos décadas exiliado en Panamá, antes de regresar al país en 2017. EFE

‘Amnistía es el olvido del delito cometido’

ACTO. La Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori recibió el proyecto de amnistía.

El jurista Joffre Campaña explica que este proceso legal se puede dar en cualquier momento, por ejemplo, mientras una persona es  enjuiciada. Y, Pachakutik presentó un proyecto de amnistía a favor de 250 personas, entre esas, quienes estuvieron en el paro de octubre de 2019.

En medio de llamados al diálogo y amenazas con un nuevo levantamiento indígena, los máximos dirigentes del movimiento Pachakutik, acompañados de los presidentes de organizaciones de base, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentaron en la Asamblea un proyecto de amnistía en favor de 250  personas, entre esas, un grupo vinculado al levantamiento de octubre de 2019.

Ese suceso costó, solo al Centro Histórico de Quito, $400.000 para restauración.

Ese trámite está en manos de los asambleístas, dice el exasambleísta y exvocal de la Comisión de Justicia, Henry Cucalón, porque así lo dispone el artículo 99 de Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

El hecho de que se dé trámite al proyecto no significa que sea seguro que a todos se les otorgue esta garantía constitucional y legal.

¿Qué posibilidades hay de dar luz verde?

Cucalón dijo que una vez que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) califique el proyecto,  en la Comisión se conformarán equipos de trabajo para ver la legalidad de la solicitud, es decir, si cumple con los requisitos.

“Una vez que está en la Comisión se hace un razonamiento de oportunidad y político, porque los asambleístas no son jueces jurisdiccionales. El desafío está en tratar de ver si configura  una infracción política, porque hay muchas que van en el campo penal”, señaló Cucalón.

Manifestó que se deberá revisar caso por caso, a fin de que se establezca si cada expediente cumple con los requisitos de ley.

El jurista Joffre Campaña dice que “la amnistía es el olvido del delito cometido”. Además, por vía constitucional se lo haría para delitos comunes: robo, hurto, abigeato, delitos políticos, insurrección. Asimismo, dejó claro que la amnistía no aplica en los delitos en contra de la administración pública. Esto es, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, genocidio, tortura o desaparición forzada de personas, secuestro y homicidios por razones políticas o de conciencia.

Detenidos del 19 de octubre

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien también participó de la entrega dijo que en el caso del levantamiento de octubre de 2019 se encuentra detenida gente de Sucumbíos,” ya que su accionar fue confundida con una acción más política. El número no sé, pero todos están con el proceso judicial abierto y otros que están en etapa de juicio”, dijo Iza. (RR)

La amnistía se puede dar en cualquier momento, es decir, mientras una persona es  enjuiciada, sentenciada e inclusive sobre los hechos que pudieran devenir de una infracción.

Personas que fueron favorecidas por amnistía

A Abdalá Bucaram se le dio la amnistía en 1990 por el proceso que tenía en su contra cuando fue alcalde Guayaquil, por el tema del cascajo.

La amnistía que propuso el expresidente Gustavo Noboa y aprobó el Congreso Nacional en 2000, para todos los involucrados en la asonada del 21 de enero de 2000, donde había  civiles y militares, entre ellos, Lucio Gutiérrez, Carlos Solórzano, Antonio Vargas.

En 2008 la Asamblea Constituyente  tramitó la solicitud de amnistía en favor de Gustavo Noboa y otros funcionarios quienes fueron acusados de un presunto negociado de la deuda externa y contra quienes se dictó prisión preventiva.

Los Comandos de Taura fueron amnistiados por la Asamblea Constituyente en el 2008. Les dieron Ley de Gracia (perdón) en 1989, durante la administración de Rodrígo Borja, dejándolos en libertad, pero en sus hojas de vida seguía constando que eran culpables de haber secuestrado al Alto Mando, al expresidente León Febres Cordero. En 2008 la Asamblea Constituyente los amnistió, es decir, borró las infracciones de sus hojas de vida.

El 30 de julio de 2020, el pleno de la Asamblea aprobó el pedido de solicitud de amnistía para 20 autoridades indígenas procesadas por administrar justicia indígena en San Pedro de Cañar.

Manuel Pichizaca, un comunero de Cañar, se benefició  de la amnistía  concedida por la Asamblea. El ciudadano afrontaba un proceso por el delito de paralización de servicio público, tras una manifestación que bloqueó el paso por la principal carretera de la provincia de Cañar, en julio del 2015.

El partido político de Abdalá Bucaram puede ser eliminado

El partido político Fuerza Ecuador de Abdalá Bucaram fue fundado en 2015.

Ocho partidos pueden desaparecer por no cumplir el porcentaje de participación en los procesos electorales. Fuerza Ecuador, de Abdalá Bucaram, es uno de ellos.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) analizó la situación de 21 partidos y movimientos políticos a nivel nacional para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 327 del Código de la Democracia.

Esa norma señala que las organizaciones políticas a nivel nacional que no cumplan con los porcentajes establecidos se les extinguirán su personería jurídica. Es decir, si las organizaciones no obtuvieron el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a escala nacional; tres representantes a la Asamblea Nacional; el 8% de alcaldías; o un concejal del 10% de los cantones del país.

Según el CNE, Fuerza Ecuador no cumplió con estos requisitos y al igual que las otras siete representaciones políticas tiene un plazo de 10 días para presentar sus pruebas de descargos sobre los informes emitidos por el órgano electoral.

Esto contado a partir de la notificación del Consejo Nacional Electoral. Así lo informó mediante un comunicado la entidad el 3 de agosto de 2021.

El partido Fuerza Ecuador, fundado en 2015, se ha visto salpicado por denuncias de corrupción desde el año anterior.

El expresidente del Ecuador y dirigente de Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram, enfrenta actualmente un proceso judicial por el supuesto delito de delincuencia organizada en el caso de venta de insumos médicos durante la pandemia de Covid–19.

También en este caso es procesado su hijo Jacobo Bucaram Pulley y otras cinco personas más.  (MC)

Las organizaciones que pueden eliminarse:

Las  ocho organizaciones que no cumplieron el porcentaje de participación en los procesos electorales y a las cuales el TCE les inició un proceso de eliminación son:

  • Movimiento Ecuatoriano Unido
  • Partido Fuerza EC
  • Justicia Social
  • Partido Socialista Ecuatoriano
  • Unión Ecuatoriana
  • Construye
  • Movimiento Nacional Podemos
  • Concertación

Corte Provincial revoca nulidad en caso Abdalá Bucaram

Esta mañana se instaló la audiencia de apelación en la ciudad de Quito.

Se aceptó apelación presentada por la Fiscalía en el caso de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Judicatura suspendió a magistrada que dictó la nulidad.

Por unanimidad, la Sala de la Corte Provincial de Pichincha revocó la tarde de este lunes 26 de julio de 2021, el auto de nulidad emitido por la jueza Verónica Medina por el caso Bucaram y otros. Ellos son investigados por el supuesto delito de delincuencia organizada en la venta de pruebas para Covid-19.

Los jueces declararon que en este caso hubo negligencia por parte de la jueza Medina. Esto, luego de un análisis jurídico que determinó que la magistrada no cumplió con los presupuestos del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para declarar la nulidad desde la fase de investigación previa.

“La actuación de la jueza Verónica Medina violentó el principio de debida diligencia. Tal es así que en el auto de nulidad se deja sin efecto sentencias dictadas en procedimiento abreviado”, dijo el juez Vaca.

Tras haber revocado el auto de nulidad y declarado la validez de todo lo actuado por Fiscalía General del Estado, el Tribunal dispuso enviar la causa a la oficina de sorteos de la Función Judicial para que un nuevo juez o jueza sustancie la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. (MC)

Judicatura suspende a jueza

Tras esta resolución, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dispuso la suspensión de la jueza Verónica Medina. Además pidió revisar las actuaciones de los abogados involucrados en el caso.

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Proceso contra Abdalá Bucaram vuelve a indagación previa

Jueza Verónica Medina dictaminó la nulidad de lo actuado en el proceso que por presunta delincuencia organizada se inició contra el exmandatario y seis personas más.

La Fiscalía anunció que apeló oralmente, este 21 de junio de 2021, la decisión de la jueza Verónica Medina de anular lo actuado en el caso por supuesta delincuencia organizada establecido contra el expresidente Abdalá Bucaram O. y otros seis procesados, entre ellos el hijo del exmandatario: Jacobo Bucaram Pulley

La magistrada acogió el pedido planteado por la defensa de Jacobo Bucaram P. en el caso por la venta de pruebas rápidas de detección de Covid-19. El abogado de Bucaram Pulley, según la Fiscalía, argumentó que su defendido no fue notificado de la orden de detención 72 horas antes de su captura.

Al final, sin embargo, prevaleció la decisión de la jueza, quien argumentó la existencia de errores procesales, y la causa regresó a la etapa de indagación previa.

La decisión de Medina fue anunciada durante la reinstalación de la audiencia donde se conocería si los implicados serían llamados a juicio.

Tribunal acepta que Abdalá Bucaram se defienda en libertad

Abdalá Bucaram cumplñia arresto domiciliario desde el 13 de agosto de 2020.

La corte admitió el habeas corpus presentado por la defensa de Bucaram Ortiz, investigado por la venta irregular de insumos durante la pandemia.

El expresidente Abdalá Bucaram logró el retiro del arresto domiciliario que pesaba en su contra. El exmandatario es investigado por los delitos de trafico de bienes patrimoniales, delincuencia organizada y tráfico de armas. La indagación se relaciona con la presunta comercialización irregular de insumos necesarios para enfrentar el Covid-19.

El Tribunal del Guayas aceptó el habeas corpus que su defensa presentó y remplazó el arresto domiciliario por medidas como la presentación periódica semanal, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico.

La decisión fue adoptada la tarde del viernes 4 de junio de 2021. La diligencia se dio en la Corte del Guayas, explicó Alfredo Arboleda, abogado del exmandatario.

Arboleda detalló que el habeas corpus buscaba que su cliente pueda defenderse en libertad y continuar con los chequeos rutinarios, ya que es un adulto mayor de 69 años.

Proceso

La Fiscalía investiga la existencia de un “grupo estructurado para planificar actividades delictivas” en Quito y Guayaquil, entre noviembre del 2019 y agosto del 2020 – durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Además de Bucaram Ortiz, también son procesados por delincuencia organizada su hijo Jacobo Bucaram Pulley; el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro B. y otros cuatro ciudadanos (AVV)

 

Juicio Abdalá Bucaram 

Fiscalía denuncia trabas en proceso contra los Bucaram

La comercialización irregular de pruebas PCR es la acusación contra el expresidente. La Fiscalía alerta que están por vencer las medidas cautelares, debido a las dilaciones de los abogados defensores.

El juicio no se ha podido instalar contra los involucrados en la irregular comercialización de pruebas PCR. 

El proceso por presunta delincuencia organizada, en el que se involucra al expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y a cinco personas más, experimenta trabas y dilaciones, mientras que la medida de prisión preventiva está por caducar.

Por pedido de la defensa de dos de los procesados, la audiencia preparatoria de juicio ya se ha diferido por tres ocasiones, denuncia la Fiscalía.

La diligencia debía instalarse a las 09:00 del 22 de mayo de 2021, pero la jueza de la Unidad Judicial Penal, María Elena Lara, fue recusada por la defensa de los Bucaram.

Ante esto, la Magistrada dispuso que se remita el proceso a la Sala de Sorteos de la Unidad Judicial Penal, para que otro juez continúe sustanciando el caso.

Mientras esto sucede, el próximo 12 de agosto de 2021 caduca la prisión preventiva de Leandro Germán B., exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), involucrado en el caso.

Esta medida está vigente desde el 13 de agosto de 2020. Según el artículo 541, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la prisión preventiva no podrá exceder el año, cuando el delito supera los cinco años de prisión.

En delincuencia organizada, la sanción establecida implica una pena privativa de la libertad de siete a diez años.

Por su parte, Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram cumplen con arresto domiciliario (por edad, el primero) y prisión preventiva en su vivienda, respectivamente.

La medida cautelar de este último, se dictó acorde a la decisión emitida dentro de una acción constitucional de hábeas corpus, sobre la que la Corte Provincial de Pichincha resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia del juez.

Aplazamientos anteriores

Este no es el primer incidente que sufre el caso. El 10 de diciembre de 2020, Jacobo Bucaram ya planteó una recusación en contra de la jueza Ana Lucía Cevallos, quien para entonces era la encargada de sustanciar la causa.

Tras ser recusada, el proceso pasó –por sorteo– a la jueza María Elena Lara.

El 22 de diciembre de 2020, Fiscalía solicitó a la jueza Lara que señale fecha y hora para la instalación de la audiencia preparatoria de juicio.

Ante la falta de una respuesta, el 2 de febrero de 2021, Fiscalía insistió en su solicitud, por lo que la primera convocatoria a la audiencia preparatoria de juicio se señaló para el 31 de marzo de 2021.

Sin embargo, un día antes, la jueza Lara la difirió para el 15 de abril, atendiendo un pedido de la defensa de los Bucaram.

La mañana del 22 de mayo tampoco se instaló la audiencia. La jueza Lara volvió a aceptar el pedido de diferimiento de los mismos abogados.

La diligencia que sí se desarrolló fue una de procedimiento abreviado, en la que Kléver A. y Jhonny S., exagentes de la AMT, fueron sentenciados a cinco años de prisión, tras haber aceptado los hechos que Fiscalía les atribuyó por delincuencia organizada.

El 16 de abril de 2021, la jueza Lara fijó para el 13 y 14 de mayo la instalación de la audiencia preparatoria de juicio. Advirtió a las partes que de no comparecer los abogados de la defensa, se contaría con defensores públicos.

No obstante, el 12 de mayo de 2021, la jueza Lara negó un pedido de diferimiento interpuesto por Leandro B. Ese mismo día, a escasas horas de la instalación de la diligencia, volvió a aceptar otra solicitud de aplazamiento planteada, otra vez, por la defensa de los Bucaram. Entonces, todo quedó fijado para el 22 y 23 de mayo.

Sin embargo, debido al incidente de recusación presentado en su contra y notificado tres días antes de la fecha fijada para la diligencia, se espera que un nuevo juez señale el día y hora para instalar la audiencia, antes de que fenezcan las medidas cautelares.

Acusados en medio de la pandemia

Este caso está relacionado con presuntas irregularidades en la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para detección de Covid – 19. Los hechos habrían ocurrido entre marzo y junio de 2020, pero cuyas consecuencias –para pretender dar una apariencia de legalidad al accionar de los procesados– se habrían extendido a octubre de 2020, en las provincias de Pichincha, Guayas, Esmeraldas y Santa Elena.

En esta causa están procesados también –en calidad de autores– los extranjeros Sheinman Oren y Shy Dahan, este último asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral. (JS)

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Abdalá Bucaram regresa al arresto domiciliario

El 4 de enero, un juez aceptó un habeas corpus traslativo a favor de Abdalá Bucaram.

El expresidente Abdalá Bucaram, quien es investigado por el presunto delito de delincuencia organizada, volverá al arresto domiciliario.

La tarde del 5 de mayo de 2021, el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz fue notificado sobre su inmediato retorno al arresto domiciliario. El juez Juan Paredes tomó la decisión.

La medida se le había levantado por su participación en el proceso electoral del 7 de febrero de 2021. En la contienda buscó, sin éxito, una curul como Asambleísta Nacional.

Bucaram es investigado por el delito de delincuencia organizada por la supuesta venta irregular de insumos médicos en la pandemia por covid-19. Su hijo, Jacobo, permanece también bajo arresto domiciliario.

El hijo de Bucaram cumple la medida desde el 25 de febrero por su supuesta participación en el mismo caso. Además, el exjefe de Estado ecuatoriano tiene causas abiertas por presunto tráfico de armas y bienes patrimoniales.

Durante las elecciones de febrero de 2021, la lista de Asambleístas nacionales del Partido Fuerza Ecuador, encabezada por Bucaram Ortiz, consiguió 70.854 votos, es decir el 0,88% del total de votos del padrón electoral. Esto significa un duro golpe a su vida política venida a menos desde su salida abrupta del poder en febrero de 1997.

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