Pamela Aguirre (correista) convocó para hoy a una sesión de la Comisión de Fiscalización para conocer los juicios políticos pendientes de sustanciación entre 2021 y mayo de 2023.
Diana Salazar, fiscal general del Estado (FGE), busca detener el proceso de enjuiciamiento político que la Revolución Ciudadana (RC) impulsa desde el 27 de noviembre en su contra en la Asamblea. La acusan de incumplimiento de funciones.
El 11 de diciembre de 2023, la fiscal remitió un oficio a Soledad Rocha, secretaria general de la legislatura, en el que pide que le certifique seis aspectos relacionados con el proceso de interpelación.
Salazar pide información sobre cuántas solicitudes de juicio político y en qué fechas han sido presentadas ante la Asamblea en el periodo comprendido entre enero de 2021 y la presente fecha (hasta el ingreso de la solicitud).
También solicita saber en qué estado y/o instancia se encuentran cada una de estas peticiones de juicio. Además, pide conocer el orden cronológico de las solicitudes que se encuentran en sustanciación ante la Comisión de Fiscalización.
En el escrito, la funcionaria también pide precisar, según el orden cronológico ¿cuántas solicitudes de juicio y en contra de qué autoridad, cuentan ya con el informe de la Comisión de Fiscalización presentado para conocimiento del pleno de la Asamblea?.
Otra pregunta se refiere a la normativa aplicable para un enjuiciamiento político; esto es, ¿cuál es el procedimiento a seguir ante las diferentes instancias de la Asamblea y los tiempos en cada instancia?, y ¿cuál es el procedimiento aplicable y cuándo procede el archivo de un juicio político?.
La fiscal general ampara su solicitud en lo resuelto por la Corte Constitucional (CC) en su sentencia del 25 de octubre de 2023, específicamente en lo dispuesto en el párrafo 36.
En su dictamen, la CC dijo que conforme quedó establecido, la Constitución otorga a la Asamblea la facultad de fiscalizar los actos de las máximas autoridades del Estado con sujeción a los preceptos constitucionales y a su supremacía.
Agregó que esta obligación de respeto irrestricto a la norma suprema alcanza al proceso de enjuiciamiento político contenido en el artículo 131 de la Constitución, en todas sus etapas y fases.
Pero aclaró que la naturaleza política de este control no obsta que deba ejercerse con la rigurosidad debida por parte de los asambleístas y con prevalente consideración a las implicaciones y consecuencias que siempre pueden derivar de uno de estos procedimientos para la institucionalidad del país.
“Por tanto, la Asamblea Nacional y todos sus miembros se hallan frente al deber de sustanciar el proceso de enjuiciamiento político con cabal rigor y apego estricto al procedimiento reglado en la Constitución y la ley”, señaló la CC en su dictamen.
Solicitud de juicio a Fernando Santos
El pedido de Diana Salazar a la Asamblea ocurrió mientras en la Comisión de Fiscalización se conocía un informe sobre la posible interpelación a Fernando Santos, ministro de Energía del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Este proceso se basa en su presunta mala gestión para enfrentar la crisis energética, pero no fue calificado por falta de votos.
A favor del informe para continuar con el juicio a Fernando Santos solo votaron los asambleístas de la Revolución Ciudadana (Sofía Espín, Ronald González, Lenin Barreto y Pamela Aguirre).
Se pronunciaron en contra los legisladores del PSC, ADN y Construye. Gabriel Bedón (Construye) y César Umajinga (ADN) pidieron en la Comisión que, primero se avoque conocimiento de los seis juicios que están represados desde el periodo anterior. (SC)
Seis solicitudes represadas en la comisión
Tras los hechos ocurridos el 11 de diciembre de 2023 en la sesión de Fiscalización, Pamela Aguirre, presidenta de esta Comisión, convocó para hoy, 13 de diciembre, a una sesión para conocer y resolver los juicios políticos pendientes de sustanciación en el periodo 2021-2023 (mayo).
El primero que conocerán es la solicitud de juicio político en contra de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que fue planteada por los exlegisladores de Pachakutik; Joel Abad y Mario Ruiz entre 2021 y 2023.
La Comisión también avocará conocimiento de las solicitudes de interpelación que fueron planteadas entre 2021 y 2023 por Ricardo Vanegas, y Sofía Sánchez en contra de los exministros Patricio Carrillo (Interior), Diego Ordóñez (Seguridad) y Paola Flores (Derechos Humanos).
En la lista también están dos procesos en contra de Darío Herrera, exministro de Obras Públicas; y uno en contra de Esteban Bernal, exministro de Inclusión.
En 2021, los exlegisladores Xavier Santos y Luis Almeida, ingresaron un pedido de juicio, también por presunto incumplimiento de funciones, en contra de Fausto Murillo y Juan José Morillo (actual y exvocal del Consejo de la Judicatura, respectivamente).