Se necesitan alrededor de $9.000 millones anuales de nueva deuda para sostener al sector público ecuatoriano

Por cada $3 de gasto público, el Gobierno debe obtener al menos $1 de endeudamiento para mantener el aparato estatal..

El Gobierno necesita conseguir al menos $9.000 millones de nuevo endeudamiento cada año, para cerrar las cuentas del Presupuesto General del Estado (PGE). Esto significa que, si el gasto total bordea los $34.000 millones, por cada $3 de ese gasto, al menos $1 debe salir de deuda.

El exministro de Economía Fausto Ortiz comentó que, durante este 2022, gracias a los mejores precios del petróleo, la mayor recaudación de impuestos, y un menor déficit fiscal, esa necesidad de financiamiento podría bajar a $7.500 millones.

Sin embargo, esa mejora temporal solo representa una disminución del ritmo al que se ha estado endeudando el país durante más de 10 años.

El asunto de fondo, que puso ya a Ecuador como uno de los países con más riesgo crediticio de América Latina, en diciembre de 2021, es que gran parte de los recursos que se logran obtener de Gobiernos, organismos multilaterales, y entidades públicas y privadas, se destinan al pago de deudas anteriores.

Según las mismas proyecciones del Gobierno de Lasso, hasta 2025 debe pagar alrededor de $2.000 millones anuales en intereses y otros $5.500 millones anuales en vencimientos de capital y amortizaciones.

Así, más del 83% de lo que llega por un lado se va inmediatamente por el otro, porque el país ha vivido durante años por encima de sus reales posibilidades.

Problema estructural

Entre enero y abril de 2022, el Gobierno de Guillermo Lasso logró levantar $1.174 millones de nueva deuda. Pero en ese mismo periodo, solo por pagos de vencimientos de deuda anterior se tuvo que desembolsar $1.697 millones.

Uno de los grandes problemas estructurales de la economía ecuatoriana, según Ramiro Rodríguez, economista y docente universitario, es que el nivel de endeudamiento es superior a la capacidad de su sector privado y productivo para pagarlo.

“Más del 60% de los ingresos del Presupuesto del Estado vienen de los impuestos que pagan ciudadanos y empresas. Sin embargo, con una economía que antes de la pandemia ya no crecía, o lo hacía en un 0,5% del PIB, esa fuente de recursos se queda cada vez más corta para todas las necesidades del país”, dijo.

En términos acumulados, la producción de Ecuador creció alrededor del 31% desde 2008; pero el gasto y el sector público han crecido más del 70%. Esa brecha se tapa con un continuo y creciente endeudamiento, el cual no siempre se utiliza de manera eficiente.

Por ejemplo, dentro de las investigaciones sobre la deuda contratada bajo las llamadas preventas petroleras con China, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea determinó que en el régimen de Rafael Correa se utilizó más del 70% de los más de 18.000 millones obtenidos para gastos corrientes sin sustento; y solo 30% para inversión de calidad.

Ese malgasto provocó un desfase que sigue abierto, y que determina que hoy la deuda, más que para impulsar mejoras en las capacidades de la economía nacional, solo sirva para cubrir otras obligaciones pendientes.

Obligaciones se suman

En agosto de 2020, en medio del primer golpe de la pandemia, el expresidente Lenín Moreno y su ministro de Economía, Richard Martínez, renegociaron la deuda externa en bonos por más de $17.000 millones.

Eso redujo la tasa de interés, aumentó el plazo y redujo sensiblemente los pagos que debían hacerse entre 2020 y 2025. Así, antes del acuerdo con los tenedores de bonos, el anterior y el actual Gobierno debían pagar $13.694 millones durante esos seis años.

Luego del acuerdo, los pagos de la deuda en bonos se redujeron a $0 en 2020; y a $2.365 millones entre 2021 y 2025.

Sin embargo, ese espacio de alivio se termina desde 2026; es decir, el próximo Gobierno tendrá que asumir los pagos crecientes de esa deuda y la carga millonaria de otras obligaciones.

Aníbal Reus, economista y analista de mercados financieros, puntualizó que, incluso con un buen manejo fiscal de Lasso de actual pago anual de $7.000 millones podría bajar a $6.000 millones para el próximo periodo; y a eso se añadirán casi $2.000 millones adicionales de la deuda en bonos entre 2026 y 2029.

De 2030 a 2035, los desembolsos a los tenedores de bonos, aunque los próximos presidentes no se endeuden más por esa vía, representarán pagos anuales de alrededor de $2.500 millones.

“En el mejor de los casos, el Gobierno de Lasso logrará que el déficit fiscal caiga a un poco más de $200 millones cada mes (más gastos que ingresos) hasta finales de 2022. Pero ese avance se puede diluir con las presiones políticas y sociales. Por eso, los inversionistas internacionales dudan que el intento de austeridad sea un paréntesis en el populismo económico tradicional en Ecuador”, aseveró Reus. (JS)