La palabra clave para describir la economía ecuatoriana es la incertidumbre. El Gobierno está obligado a hacer obras tangibles para evitar perder el timón.
Desde el 24 de mayo de 2021 hasta la fecha, el riesgo país promedio es de 801 puntos. Es decir, en lo que va del Gobierno de Guillermo Lasso, no ha mejorado la percepción de que el Ecuador puede incumplir sus compromisos y que es un destino poco confiable para las inversiones.
Esto, a pesar de que, con ingresos extraordinarios petroleros y tributarios, la proyección del déficit fiscal (más gastos que ingresos) bajará de $3.800 millones a $1.500 millones hasta finales de 2022.
Ese nivel de déficit es visto como “bastante bajo y como consecuencia de un recorte acelerado”, según bancos de inversión como Moddy’s y Standard and Poor. Sin embargo, el bono de deuda ecuatoriana sigue teniendo una tasa de interés mayor al 10%, lo cual es más de la mitad de lo que pagan economías vecinas como Colombia.
Fausto Ortiz, exministro de Economía, explicó que esta situación se debe a que el Estado se ha deslindado del esfuerzo para impulsar el crecimiento económico, pero luego de que la Ley de Inversiones fue rechazada en la Asamblea, no se ve un plan claro para concretar los cambios y construir el ambiente necesario para que el sector privado tome la batuta.
En otras palabras, mientras se suman anuncios de más recaudación de impuestos y altos precios del petróleo, la inversión pública está en mínimos y se acumulan retrasos de pagos por alrededor de $900 millones para sectores como Gobiernos locales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Flexibilización de metas
En las actuales circunstancias, de nada vale presentar buenas cifras fiscales, si la ciudadanía ve que no hay recursos para gastos prioritarios en vialidad, salud y educación. Por eso, el Gobierno de Guillermo Lasso busca flexibilizar las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, puntualizó que el principal problema en Ecuador es que está predominando la desconfianza y la incertidumbre, porque faltan resultados tangibles y se acumulan problemas. Además, existen tres nudos claros de conflicto: la Asamblea, la débil capacidad de gobernabilidad de Lasso y los impactos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania.
En este contexto, inversionistas, bancos de inversión y multilaterales ven que la apuesta por un cambio de modelo y un manejo más transparente y responsable de lo público se agotará con el actual Gobierno.
“Si uno pregunta si creen que el Gobierno continuará en un nuevo periodo, o alguien de similar línea, la respuesta es que pareciera que le está haciendo la cama al siguiente. Si estás con plata, y no la gastas, estás creando una suerte de malestar en la población, que terminará rechazando al actual Gobierno y dando espacio a otro que no quisiéramos que vuelva”, recalcó Ortiz.
Así, otra de las razones de fondo de que influye en el riesgo país y en las posibilidades reales de más inversión, es que se proyecta el péndulo político, que cambiará nuevamente hacia el populismo irresponsable.
El próximo Presidente tendrá que pagar los bonos de deuda externa renegociados en la administración de Lenín Moreno. Lo propio ocurrirá con la mayoría de los contratos de inversión que está firmando el ministro de Producción, Julio José Prado, y que comenzarían a dar frutos en el siguiente periodo.
Si se espera un viraje para mal en términos políticos, todos esos escenarios quedan en tela de duda.
¿Se puede revertir la situación?
García apuntó que la recuperación de la inversión pública se puede iniciar cumpliendo las leyes vigentes. Por un lado, la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas permite crear un fondo de estabilización con los excedentes petroleros (diferencia entre el precio por barril presupuestado y el precio real de mercado). Ese fondo puede servir para garantizar los gastos prioritarios en salud, educación y algo en vialidad.
Por otro lado, la reactivación de los micro y pequeños negocios, sobre todo en la economía popular y solidaria, tendría un importante impulso si solo se cumple la normativa que dice que el 5% de los presupuestos de las instituciones públicas se deben dirigir a comprar con proveedores de ese sector.
Asimismo, a la par de otras medidas de apoyo, los exportadores nacionales necesitan que se cumpla con el mecanismo de devolución de impuestos (drawback) y se acelere la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). (JS)
La deuda es un pesado lastre
Uno de los grandes problemas del presupuesto estatal es el peso de los pagos de la deuda. Solo en 2022, por amortizaciones y vencimientos, se deberá desembolsar $5.000 millones. Lo paradójico es que, para saldar esos compromisos, se debe conseguir nueva deuda por ese monto. Además, el déficit fiscal que quede hasta terminar el año también se debe compensar por esa vía.
Así, de los $7.500 millones de nuevos préstamos que se necesitan solo se consiguieron $1.100 millones hasta mediados de abril de 2022. Esto le pone aún más presión al Gobierno de Guillermo Lasso, que tiene que buscar un equilibrio entre gastar más para no dejar la gobernabilidad y la economía a la deriva; pero tampoco desordenar al extremo las finanzas públicas y quedarse sin fuentes de financiamiento.