El artículo 130 numeral 2 de la Constitución solo puede activarse una sola vez en cuatro años.
El correísmo podría pagar una cara factura en el proceso electoral que se avecina, señalan analistas políticos que cuestionan a la bancada Unión por la Esperanza (UNES) en la Asamblea Nacional por aplicar el artículo 130 numeral 2 de la Constitución para intentar destituir al presidente de la República.
Para recurrir a dicha normativa, que se aplica en caso de grave crisis política y conmoción interna, se necesita el apoyo de al menos 92 de 137 asambleístas. Sin embargo, hasta ayer el grupo parlamentario cercano al expresidente Rafael Correa, solo habría reunido 89 voluntades.
Para Arturo Moscoso, politólogo y docente universitario, la intención del correísmo de derrocar al jefe de Estado se sustenta en una supuesta defensa del pueblo en medio de la aparente conmoción social..
Agregó que las movilizaciones por la falta de atención a las demandas de la población no solo son responsabilidad del Ejecutivo, sino también de los bloques mayoritarios del Legislativo entre ellos UNES y Pachakutik. “Seguramente, la pérdida del capital político les va a pasar una alta factura en las elecciones seccionales” del 5 de febrero de 2023, y además por no haber podido llegar a destituir al Presidente, indicó Moscoso.
Salida arriesgada
Tomando en cuenta que esta alternativa puede activarse una sola vez en cuatro años, Carolina Andrade, analista política y asesora de comunicación, consideró que el correísmo se fue por una movida arriesgada.
Agregó que la votación que se alcance en la Asamblea la podrían utilizar para hacer una medición de los apoyos o rechazos que tengan los legisladores en sus respectivos territorios. Opinó que el rechazo electoral en las seccionales podría generarse en los estratos medio y medio alto.
Con este análisis coincidió Hernán Flores Mena, catedrático universitario, pero añadió que la sola posibilidad de que eventualmente la moción de destitución sea retirada por UNES en el pleno del Legislativo le podría llevar a disminuir la votación, aun cuando sean elecciones seccionales. Añadió que a partir de entonces sus objetivos podrían estar enfocados a generar nuevas alianzas políticas. (SC)
Lo que espera el Gobierno
Juan Fernando Flores, jefe de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN-CREO), espera que el tema se resuelva en las próximas horas, y lamentó que el debate se haya extendido. “Si bien, todos tienen derecho a participar, ha quedado claro que no hay pruebas de que existe un estado de conmoción o crisis política como lo han manifestado”.
Afirmó que Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, no debería usar de excusa la sesión de hoy para convocar entre jueves y viernes a la votación final de la moción. Flores añadió que este tema debería quedar resuelto este 28 de junio de 2022 porque, a su criterio, no existen los votos, ni hay respaldo para este proceso.
El artículo 130 establece (que la votación) puede darse hasta 72 horas desde el momento que se cierra el debate. “No es necesario generar un proceso que alargue si el momento que se cierra el debate se puede convocar de manera inmediata a votación”, insistió.
Recordó que el Partido Social Cristiano (PSC) que representa 15 votos ha sido claro en que no apoyará la moción de destitución; de la Izquierda Democrática (ID) son 15, más los 26 de la bancada del gobierno que son 56. A estos se suman 4 independientes que han hecho público el no respaldo, agregó Flores.
Según el conteo del Gobierno, son 12 asambleístas quienes aún no han tomado una decisión o no lo han hecho público.
Más allá de eso, el oficialismo espera que se respete la decisión individual de cada legislador. En ese sentido, Flores denunció que el asambleísta Fernando Cabascango (del grupo de los rebeldes del movimiento Pachakutik) habría dirigido un intento de amenazas a asambleístas.
¿Se está pretendiendo tomar una decisión o forzar lo que ellos decidan?, cuestionó Flores. Sobre esa base anticipó que tomarán las acciones pertinentes no solo contra de este legislador sino contra quienes han estado inmersos en procesos de tratar de extorsionar a legisladores. “El intento de secuestro y extorsión está penado por la ley”, advirtió
Denunció una presunta compra de conciencia por montos que superarían los 500 mil dólares. “Eso no es cabildeo, el cabildeo es parte de un proceso democrático; pero la compra de conciencias es un delito”, rechazó.
Arturo Moscoso cree que en los últimos años el correísmo ha sufrido un debilitamiento.
Según el conteo del Gobierno, son 12 asambleístas quienes aún no habrían tomado una decisión o no lo han hecho público.