Lo que se dejaría de recaudar superaría los $500 millones anuales. La propuesta del presidente electo Daniel Noboa genera interrogantes sobre su efectividad y su real alcance para generar empleo.
LA HORA publicó un análisis de cómo el presidente electo, Daniel Noboa, podría cumplir su anuncio de aprobar una reforma tributaria que no suba impuestos.
Esa tarea no solo implica mejorar las herramientas de control de la evasión y revisar el llamado gasto tributario (exenciones y exoneraciones en el pago de impuestos.
Además, Noboa debe tener un plan realista para reducir el gasto improductivo y los subsidios ineficientes; así como tener claro los impactos de algunas de sus medidas estrella como la reducción del IVA al sector de la construcción del 12% al 5%.
José Gabriel Castillo, exviceministro de economía durante el primer año del Gobierno de Lasso, realizó recientemente un análisis donde se detallan los principales puntos a tomar en cuenta al momento de evaluar si sería efectivo una rebaja de ese nivel en el IVA de un sector específico:
1.- En todo 2022, el sector de la construcción alcanzó ventas de $4.643 millones; con una recaudación cercana a $557 millones.
Según Castillo, si tomamos esta recaudación como referencia, una reducción de 7 puntos porcentuales al IVA significaría alrededor de $325 millones menos para las arcas públicas.
Sin embargo, el mercado de materiales de construcción es mucho mayor. Considerando grandes grupos de insumos y materiales industriales para la construcción, las ventas del sector suben a 7.531 millones en todo 2022; esto representó una recaudación aproximada de IVA de $903 millones.
Así, Castillo estimada que la propuesta de bajar el impuestos podría representar finalmente alrededor de $527 millones.
2.- A pesar de las estimaciones que se puedan hacer, uno de los problemas en Ecuador con este incentivos es que no hay control previo del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la clasificación de actividades económicas para empresas y negocios.
Esta vulnerabilidad, de acuerdo con Castillo, facilita que otros negocios que no corresponden necesariamente al sector se autoidentifiquen como relacionados para beneficiarse.
«Es común que siempre se subestime el impacto estimado de los incentivos económicos para facilitar su implementación», puntualizó.
Con esto, la reducción de los ingresos fiscales podría ser mayor de lo previsto con efectos directos en los recursos disponibles para gasto público.
3.- A todo lo anterior se suma el problema de concentración de la actividad. Cerca de 10 grandes empresas de construcción generan un tercio (33%) de la recaudación de las más de 18.000 sociedades del sector. Las posibles suspicacias son evidentes, según el análisis de exviceministro de Economía.
4.- No hay dudas de que el sector de la construcción es un gran dinamizador del empleo; sin embargo, Castillo considera que es cuestionable pensar que el ritmo de las inversiones en el sector, que ya se ha venido recuperando, va a cambiar drásticamente cuando no se han resuelto los problemas de seguridad. A eso de suma la inflexibilidad para contratar, entre otras trabas estructurales sin resolver.
Asimismo, se debe recordar que gran parte de la dinamización del sector de la construcción (alrededor del 70%) depende de la inversión pública, es decir, de que el Estado promueva más proyectos de infraestructura.
«Con desafíos fiscales y de financiamiento, reducir impuestos suena a querer apagar un incendio con gasolina (subsidiada)», concluyó Castillo
5.- Otro dilema por resolver es si lo que se necesita es incentivar la oferta o la demanda. Al respecto, Santiago Caviedes, exviceministro de Economía durante el Gobierno de Lenin Moreno, explicó que una reducción del IVA, reduce a su vez el costo al constructor, que podría tal vez trasladarse, en parte, al comprador.
«Pero si no hay crédito, de nada sirve. Solo vamos a perder recaudación en plena crisis fiscal. Lo que hay que reactivar es el crédito», acotó.
Castillo matizó que lamentablemente el crédito no es una variable de ajuste disponible (mas allá del Biess). Es decir, no es algo que el Gobierno de turno pueda solucionar por decreto, sino que depende sobre todo de la liquidez y la capacidad de maniobra del sistema financiero privado.
«A lo que se suma el dilema de lavado de activos en el sector. Van años en donde a pesar de las fluctuaciones de demanda, en varios segmentos los precios no han cambiado o han crecido», recalcó Castillo.